El Ministerio de Sanidad ha advertido a las comunidades autónomas contrarias al copago en fármacos de dispensación hospitalaria ambulatoria que "la obligacion de cumplir la Ley es de todas las Administraciones", entre ellas las sanitarias, y espera, que al final, "todos" apuesten "por los pacientes" y la "sostenibilidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así lo ha hecho en Santander la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, quien "confía profundamente" en que, "más allá del debate político" y las "miras a corto plazo", al final "todos" sepan apostar por el paciente y la sostenibilidad.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, Farjas ha señalado que el Real Decreto-Ley por el que los medicamentos que se administran en las farmacias de los hospitales mediante orden de dispensación hospitalaria se equiparan a los que se dispensan a través de receta médica se aprobó el pasado diciembre y ha insistido en que, desde entonces, en la normativa "no ha cambiado nada".

La secretaria general de Sanidad ha insistido en que lo este martes entra en vigor es una medida "de protección" para que los pacientes que necesitan ese tipo de medicamentos nunca aporten más de 4,20 euros, independientemente de donde lo retiren —si en farmacia de calle o en hospital, o de la comunidad autónoma—.

"Esta variabilidad que existía debe de superarse", ha aseverado Farjas, para quien es "el momento de dotar de cohesión" y de "equidad" el acceso a estos medicamentos "en todo el territorio".

Por ello, ha apuntado que ésta "no tiene nada que ver" con la aplicación de una medida regulada desde el pasado diciembre, momento a partir del que a partir cual —ha dicho— todas las Administraciones sanitarias y comunidades autónomas tienen la "obligación" de desarrollarla y ponerla en marcha en aplicación de la Ley.

Cuestionada por las comunidades autónomas que se han mostrado en contra del copago en este tipo de fármacos, Farjas ha apuntado que esta "situación de opiniones" ya se ha vivido en otros momentos con otras medidas y ha opinado que, al final, cuando se implantan resultan ser "eficaces", "solventes" y "bien moduladas".

Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares no aplicarán el copago, ya sea por rechazo o por problemas para su implantación.

Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.

La aplicación en cantabria

Precisamente, sobre su aplicación en Cantabria, Farjas ha asegurado que "le consta" que la comunidad autónoma tiene "voluntad" de aplicar este copago.

"Cantabria es una comunidad autonónoma bien gestionada en Sanidad y que tiene buenos criterios", ha afirmado Farjas apenas unas horas después de que el director gerente de Valdecilla, César Pascual, haya apuntado que este martes el hospital no aplica este copago pues está a la espera de que el Servicio Cántabro de Salud le dé "instrucciones" sobre la "fórmula" con la que se llevará a cabo.

"Mientras el SCS no nos dicte las instrucciones pues no vamos a hacer nada, seguimos igual", señaló Pascual.

El Gobierno regional ya explicó el pasado día 24 que esta medida se aplicará "en el menor tiempo posible", una vez que el SCS adecúe los sistemas informáticos y adopte las medidas logísticas y organizativas necesarias.

El Ejecutivo puntualizó que la medida afecta a aquellos medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales de manera ambulatoria y, en ningún caso, a los de uso hospitalario que se suministran directamente a los pacientes hospitalizados.

Explicó que la aportación del usuario será la de aplicación en las oficinas de farmacia, si bien el Ministerio de Sanidad ha aprobado una resolución que garantiza que los medicamentos que se dispensan en el hospital para pacientes crónicos y enfermedades graves tendrán una aportación reducida.

Todos los medicamentos incluidos en el listado que acompaña a la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de septiembre, tendrán una aportación del 10 por ciento del coste del fármaco, con un tope de 4,20 euros.