El Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado una ampliación de atestado al juez que investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la Fundación DeSevilla, en el que asegura que "en base a lo actuado hasta el momento podrían existir responsabilidades penales por parte de los patronos de la fundación que ejercieron ese cargo durante los años 2008, 2009, 2010 y parte del 2011".

Entre los patronos en las fechas aludidas, se encontraban el exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, en representación del Ayuntamiento hispalense, y varios concejales de este partido, como por ejemplo Emilio Carrillo o Alfonso Mir.

En esta segunda ampliación de las diligencias entregada al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, los agentes del Instituto Armado aseguran que los patronos referidos "eran sobradamente conocedores de la situación económica" de la fundación, "como se ha puesto de manifiesto en las actuaciones policiales, y no tomaron las medidas que solucionaran las deficiencias detectadas año tras año".

Así, "desde el momento que tenían la información y sus votos en las sesiones del Patronato eran determinantes para continuar o no con esa línea de actuación que ha desembocado en la apertura de diligencias previas", apunta la Guardia Civil, que investiga en este caso posibles delitos societarios contra la hacienda pública y seguridad social.

En esta causa permanecen imputados el exprimer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos; Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato, y el exdirector gerente de la fundación Miguel López Adán.

En este sentido, los agentes concluyen que "de lo actuado hasta el momento se desprenden evidentes responsabilidades en la gestión" de la fundación por parte de López Adán, en calidad de gerente, "en los años objeto de investigación", así como de Carlos Vázquez, "miembro de la comisión ejecutiva del Patronato, vicepresidente de éste y persona que presidía habitualmente las sesiones en las cuales se informaba a los demás patronos de la situación de la fundación y donde se aprobaban las cuentas de los años anteriores y los presupuestos para los posteriores".

En la ampliación del atestado inicial, los investigadores analizan los distintos expedientes que dieron lugar a la concesión de subvenciones a la fundación, así como las actas de las sesiones que entre junio de 2007 y junio de 2011 se llevaron a cabo, tanto por la Junta de Gobierno como por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en las que se adoptaron acuerdos referidos a la fundación.

De este modo, analiza las actas de 16 sesiones de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento celebradas en dicho plazo temporal, presididas por el exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, con Torrijos como secretario, en las que se aprobaron distintas propuestas de subvenciones solicitadas a favor de la fundación "sin tenerse en cuenta" los informes de la Intervención Municipal.

Una de ellas es la celebrada en julio de 2008 que otorgó 57.000 euros para formar a diez universitarios saharauis. El interventor discrepó en la fórmula de selección de los jóvenes, que fue realizada "sin unos mínimos requisitos de publicidad, concurrencia y baremo de méritos", y de los diez seleccionados sólo cinco pudieron realizar los estudios universitarios por problemas de tipo curricular, dice la UCO.

Otra reunión en julio de 2007 aprobó un programa para el fomento del consumo sostenible de agua y para el eliminación de fugas en las instalaciones de La Habana, Nuakchot (Mauritania) y para gestión de residuos en la playa de Varadero (Cuba), en este último caso con una ayuda de 52.500 euros (el 75 % de los 70.000 que se concedieron) que "nunca se justifico ni se devolvió".

En otra sesión de 31 de octubre de 2007 se aprobó un convenio de colaboración para la realización de un programa de jóvenes brigadistas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf para enviar a 25 jóvenes sevillanos que, pese al anuncio municipal de que serían seleccionados en convocatoria pública, no consta el cumplimiento de tal trámite.

La Guardia Civil hace referencia a varias subvenciones recibidas por la fundación "que supusieron una deuda a las arcas municipales" de 935.890,16 euros, destacando en este punto el expediente de subvención 98/08, un caso que guarda "un acentuado paralelismo" con la aprobación por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2009 de una subvención a favor de la Fundación DeSevilla por importe de 713.315,82 euros -expediente 37/09.

Y es que, en ambos casos, "se adelantó el 75% de la subvención; se pidieron ampliaciones de los plazos de justificación de los proyectos recogidos en sendos expedientes, y en ambos casos finalmente no se justificaron cantidades de dinero ya recibidas por la fundación, ni se reintegraron ni se tiene constancia documental de que, por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, se acordaran medidas legales tendentes a la recuperación de ese dinero público".

A ello se suma que, en ambos casos, "la Intervención General del Ayuntamiento informó planteando serias discrepancias con los expedientes instruidos". "La Junta de Gobierno" que aprobó el expediente 37/09, "al igual que en las múltiples ocasiones que la Intervención General informó negativamente sobre aspectos de otros expedientes de subvenciones, estaba o tendría que estar al corriente de estos informes, por consiguiente hizo caso omiso al contenido de sus conclusiones, lo cual debió ser una práctica habitual durante el periodo objeto de análisis, aprobándose una y otra vez las subvenciones solicitadas por la fundación", reprocha la Guardia Civil.

Tras ello, concluye que, en relación a "una inmensa mayoría de las subvenciones analizadas", el interventor o el viceinterventor realizaron informes donde "recogían conclusiones sustancialmente discrepantes con ciertos aspectos reflejados en los convenios de colaboración objeto de las subvenciones", a pesar de lo cual "en la inmensa mayoría de las ocasiones las subvenciones fueron aprobadas sin ser tenidos en cuenta estos" informes de la Intervención.