La juez que investiga una supuesta trama urbanística decretó el viernes la puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros para el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y por la misma cantidad para el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del Partido Popular.
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Tras pasar varias horas en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, los dos ediles detenidos ayer y a los que se acusa de cohecho y prevaricación llegaron a las dependencias del juzgado de instrucción número 2 de Coín a las 10.25 horas para comparecer ante la juez, en presencia del fiscal Anticorrupción, dijeron fuentes jurídicas.
El primero en testificar ante la juez Isabel María Pérez -que ha decretado el secreto de sumario- fue Gregorio Guerra, quien compareció durante unos 45 minutos, mientras que la declaración del alcalde duró media hora y a continuación se produjo una vistilla entre ambos.
"Van a por el PP"
"No van a por mí, van a por el PP", gritó al menos tres veces el alcalde de Alhaurín el Grande, el popular Juan Martín Serón, tras ser trasladado ayer por la noche en un coche policial.
Tras el registro de su vivienda de la urbanización 'La Paca', ubicada en la calle Encinas, el regidor fue trasladado en la parte trasera de un coche camuflado de la Policía a otro domicilio situado en el número 5 de la calle Cristo de la Miseria, donde fue introducido por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que viajaban en tres vehículos.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, afirmó que sería un "error" querer transmitir que la detención del alcalde y del concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande (Málaga), ambos del PP, sea "una acción contra un partido".
Gaspar Zarrías aseguró en rueda de prensa en Jaén que "sería importante no caer en la equivocación de extender el manto hacia un partido político porque creo que sería un error", ya que "los jueces actúan contra personas".
En este sentido, insistió en que no cree "que vayan contra un partido, los jueces actúan contra comportamientos individuales de personas para hacer valer la ley" y lo que tiene que ocurrir es "que en este caso la ley se aplique a estas personas con toda su contundencia, sin mezclar una cosa con la otra".
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