"Un plan de emergencia para salir de la crisis" con medidas relacionadas con el empleo, investigación, fiscalidad, vivienda, justicia o medio ambiente, es la propuesta del Partido X, una nueva formación que someterá a consulta popular sus iniciativas para "devolver el poder soberano" a los ciudadanos.

La Red Ciudadana Partido X, que defiende propuestas del entorno del Movimiento 15-M y que figura como partido político desde el año pasado, ha publicado el manifiesto para salir de la crisis "#DERECHOaEMPRENDER", una iniciativa que permanecerá en Internet durante un mes para que los ciudadanos puedan elegir el orden de prioridades de los puntos que se proponen en el programa.

El borrador del documento se divide en bloques temáticos en los que se detallan soluciones a problemas relacionados con la banca, empleo, fiscalidad o administraciones públicas y se incide en asuntos problemáticos como la corrupción, la falta de transparencia o una gestión política ineficaz.

"Democracia Económica" es uno de los términos que acuña el Partido X para plantear alternativas en el ámbito de las inversiones empresariales, fomento del empleo o fiscalidad, entre algunas cuestiones.

Salario máximo intra-empresarial; incentivos salariales ligados a la productividad y beneficios empresariales; bolsa de cotización personal; indemnizaciones por despido improcedente; reducir la concatenación de contratos temporales o una reforma del régimen de autónomos, son algunas de las propuestas en materia laboral.

Para la formación, no tiene cabida plantear medidas como el retraso de la edad de jubilación o la ampliación de la jornada laboral.

Considera que es necesario "un mejor reparto del trabajo", reducir la jornada laboral, aumentar el salario mínimo a niveles equiparables a países con un PIB similar al español y propiciar la conciliación de la vida personal y profesional.

Para los emprendedores y empresas, el partido propone "rentabilidad, seguridad y una fiscalidad razonable" con el fin de evitar la fuga de capitales cada vez que se anuncien subidas de impuestos.

Asimismo, apuesta por una "reforma tributaria" que "se ajuste a la recuperación económica general del país" con condiciones adecuadas para emprender y que estas, al mismo tiempo, no sean "un lastre" para el empleador.

En el ámbito fiscal, se reivindica una subida de impuestos para las rentas más altas como en otros países europeos, en donde, según destaca el partido, se "arrima el hombro".

Estima que la reducción del fraude fiscal cometido por grandes empresas reportaría al Estado unos beneficios de 30.000 millones de euros y destaca que la dicha cantidad equivaldría a más de 70 millones que podrían destinarse a personas "discriminadas por la crisis", es decir casi 6 millones de subsidios durante un año.

Además, figuran medidas contra la corrupción, el fraude y el enriquecimiento fraudulento, hechos que la formación considera "lesivos para la sociedad en su conjunto".

Citan el ejemplo de Islandia, país en el se encarceló a varios directivos bancarios después de que un equipo contra el crimen económico se encargara de depurar responsabilidades tras el colapso financiero de 2009.