Y es que el dirigente popular "se preguntó si la recolocación como directivo en una empresa pública de la Junta" —el Hospital de Poniente de Almería— de Rivera, imputado en el caso de los ERE irregulares, "es en agradecimiento a los servicios prestados a los señores Griñán y Chaves o una moneda de cambio a su silencio".

En este sentido, el abogado de Daniel Alberto Rivera, José Estanislao López, ha informado a Europa Press de que la pasada semana se celebró un acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla que concluyó sin avenencia después de que el dirigente popular se opusiera a la solicitud de conciliación.

En dicho acto, la representación legal de Carlos Rojas aportó además el decreto en el que la Fiscalía Superior de Andalucía decidió archivar la denuncia que Daniel Alberto Rivera interpuso contra el 'popular' por supuestas calumnias al realizar las referidas declaraciones, pues, según el Ministerio Público, éstas "no son constitutivas del delito que se imputa".

El abogado de Rivera promovió la celebración de un acto de conciliación, previo a la demanda en la que pedirá una indemnización que inicialmente fijó en 36.000 euros, a fin de que el dirigente popular reconociera haber proferido dichas manifestaciones y que éstas habían vulnerado el honor y la dignidad de Rivera y habían supuesto un "grave" desprestigio personal y profesional.

Asimismo, reclamaba que, en dicho acto de conciliación, Rojas se aviniera a rectificar públicamente las afirmaciones vertidas y a difundir también esta rectificación por el mismo medio y con la misma amplitud, reconociendo que las citadas declaraciones "han sido producto de un disculpable error provocado por tomar en consideración informaciones no contrastadas y haberlas realizado sin contar con los suficientes elementos de juicio".

El letrado aseveró que los hechos atribuidos por Carlos Rojas "son completamente falsos", ya que "lo que se ha producido no es sino una clara bajada —y por lo tanto un perjuicio económico— en los salarios que ha pasado a devengar desde el 13 de septiembre de 2012 en relación con los que fueron percibidos antes de su designación como director general de Trabajo".

"temerario desprecio a la verdad"

"Con temerario desprecio a la verdad", razonó el letrado, el demandado "ha imputado" a Rivera un delito de cohecho, por lo que los hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos de injurias graves/calumnias realizados con publicidad, ya que "se han vertido las expresiones injuriosas y calumniadoras con manifiesto y temerario desprecio hacia la verdad, sin que pueda manifestarse que los ataques recibidos sean meras críticas que deban ser soportadas en función de un posicionamiento político sino de auténticas imputaciones de delitos".

Tras subrayar que las manifestaciones realizadas por Rojas "no se han producido en el seno de un debate político entre ambos ni como respuesta a provocación alguna de Rivera", el abogado aseveró que la conducta del demandado "ha provocado una auténtica campaña de desprestigio sobre mi mandante, que le ha afectado, además de en lo personal y familiar, fundamentalmente en su entorno laboral".

Al hilo, dijo que "si lo manifestado fuera cierto, habría obviamente de haber ejercido alguna acción legal, denunciando en el Juzgado los presuntos delitos en que hubiese incurrido Rivera".

Acto de conciliación también con su antiguo abogado

De otro lado, también ha concluido sin avenencia el acto de conciliación promovido por Rivera contra su anterior abogado en la causa de los ERE después de que el primero le reclamara la devolución de los 18.000 euros que sufragó en su día la Administración autonómica por sus honorarios.

Rivera, que es el único de los cargos o exaltos cargos imputados por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE al que la Junta de Andalucía abonó su defensa, promovió a finales del pasado mes de junio este acto de conciliación frente a su anterior abogado, Pedro Apalategui, que le defendió en este procedimiento hasta mediados de 2012, cuando encomendó su defensa al letrado José Estanislao López.

El acto de conciliación, celebrado también esta semana aunque en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga, el representante legal del antiguo letrado de Rivera, Pedro Apalategui, se opuso a la solicitud de conciliación, tras lo que el exdirector general de Trabajo mantuvo su propuesta de acuerdo, consistente en que reintegre los 18.000 euros que sufragó la Junta por sus honorarios y que devuelva los 5.000 euros que el propio Rivera dispuso como provisión de fondos.

Tras ser cesado como director general de Trabajo, los gastos relativos a procuradores y letrados que intervienen en su asistencia jurídica han sido abonados por el propio Rivera "con la ayuda de su familia", según el letrado que ahora lo representa.

En la conciliación previa a la demanda, el letrado de Rivera relataba que, unas semanas después, Apalategui pasó a defender en la causa de los ERE fraudulentos al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, una defensa que asumió "sin requerir su consentimiento" y pese a que esta defensa "detenta o pudiera detentar, a lo largo del procedimiento, intereses contrarios" a los suyos.

Por ello, Rivera considera que su exabogado, "por acción, omisión o imprudencia grave, ha perjudicado manifiestamente los intereses de defensa que le fueren encomendados".