El IAM insta a "mantener intactos" los derechos sexuales y reproductivos para no dar pasos atrás en materia de igualdad

En el marco de la 'Jornada sobre Salud Sexual y Reproductiva, e Interrupción Voluntaria del Embarazo' celebrada en Sevilla
El IAM participa en una jornada sobre derechos sexuales y reproductivos
El IAM participa en una jornada sobre derechos sexuales y reproductivos
EUROPA PRESS/IAM
El IAM participa en una jornada sobre derechos sexuales y reproductivos

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), adscrito a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, quiere instar a la ciudadanía a concienciarse de la importancia de "mantener intactos" los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para no retroceder décadas en materia de igualdad y mantener a España en los parámetros marcados por los derechos internacionales.

Así lo ha manifestado el IAM en la 'Jornada sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo', celebrada este viernes en su sede de Sevilla, en la que han participado la coordinadora provincial en Sevilla del Instituto Andaluz de la Mujer, Elisabeth Donaire, la delegada territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla, Francisca Díaz, la médica y técnica responsable de Salud Sexual y Reproductiva del Servicio Andaluz de Salud, Elisa Vizuete y la directora de la Clínica El Sur, Eva Rodríguez.

Según se indica en una nota, esta jornada viene a apoyar los actos de celebración del Día internacional de Acción Global por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, que el asociacionismo de mujeres celebra cada 28 de septiembre. España se sumó a la conmemoración de esa fecha en el año 2009 para reclamar la modificación de la ley del aborto, que finalmente se consiguió en 2010, y que en la actualidad corre peligro, motivo por el que el movimiento asociativo español se ha vuelto a movilizar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales, de los que la mitad son inseguros y clandestinos. El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es de 60.000 a 100.000, constituyendo así el aborto inseguro la tercera entre las causas directas de muertes maternas que se producen cada año en el mundo.

En la actualidad, la legislación en la mayor parte del mundo occidental contempla la despenalización del aborto, siguiendo la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OMS, que advierten incluso de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restrictivas. La propia UE recomienda desde 2008 despenalizar el aborto y a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de su derecho al aborto seguro, motivo por el que España aprobó en 2010 la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que modificaba la vigente desde 1985, con el fin de adaptarse a las recomendaciones internacionales y garantizar y proteger los derechos de la mujer.

Pese a ello, y pese a que la propia ONU expresó el pasado año su preocupación por los efectos que las medidas de austeridad están teniendo en los derechos humanos, incluido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el Gobierno central mantiene su intención de reformar la ley y devolver así a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica.

"Esto retrotraería a las mujeres a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica, y a una situación de desigualdad en la que las mujeres con recursos que querían abortar sin riesgos viajaban a un país con legislación más benévola, mientras que las que carecían de medios económicos suficientes abortaban de manera clandestina a su propio riesgo", señala el Elisabeth Donaire del IAM.

Para el Instituto Andaluz de la Mujer, "no es admisible" que España retroceda a aquellos tiempos donde las mujeres sólo podían acceder al aborto mediante la clandestinidad, mediante prácticas que ponían en peligro su vida. "Reformar la vigente Ley supondría por tanto uno de los mayores retrocesos de la historia de la democracia española, desviando a España de la jurisdicción europea", concluye.

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