El TSJCyL anula la subida de las tasas de agua y alcantarillado aprobada por el Ayuntamiento de León en 2011

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado ilegal el devengo trimestral de las tasas de suministro de agua potable y alcantarillado aprobado por el Ayuntamiento de León el pasado 29 de noviembre de 2011 en sesión plenaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado ilegal el devengo trimestral de las tasas de suministro de agua potable y alcantarillado aprobado por el Ayuntamiento de León el pasado 29 de noviembre de 2011 en sesión plenaria.

El auto del TSJCyL dictamina que el Ayuntamiento no puede realizar esa modificación "de forma arbitraria" y con fin de facilitar la subida de tasas en beneficio de la empresa que gestiona estos servicios, tal y como han informado fuentes de la Cámara de la Propiedad Urbana de León.

Dicha entidad interpuso en marzo de 2012 un recurso contencioso administrativo ante el TSJCyL porque consideró ilegal esta modificación. "No está permitido el cambio del devengo por la Ley de Haciendas locales que establece claramente que en las tasas de devengo periódico, como es agua y alcantarillado, el devengo se producirá el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural", ha aseverado la recurrente.

En este sentido, ha declarado que considera "inaceptable" que un acuerdo municipal contravenga la Ley de Haciendas Locales sin que exista un claro beneficio para el ciudadano y que sólo pretenda "asegurar que las peticiones de incremento de tarifas sugeridas por la concesionaria del servicio puedan entrar en vigor al día siguiente de su publicación en cualquier momento del año".

El presidente de la Cámara de la Propiedad, Luis Álvarez, ha asegurado que ya advirtió de que este incremento de las tasas de agua y alcantarillado para el segundo trimestre de 2012 era "ilegal, abusivo, innecesario y totalmente injustificado".

Álvarez espera que el Ayuntamiento "compense a todos los ciudadanos por esta subida ilegal" porque "la privatización del servicio de aguas se realizó con argumentos como que iba a suponer una mejora en las infraestructuras, una reducción de los costes y una rebaja en las tarifas", ha añadido.

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