El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes, con el voto mayoritario de los concejales del PP, adherirse al nuevo plan de pago a proveedores y solicitar 26,9 millones de euros para abonar facturas pendientes, ante lo que la oposición ha alertado de que supondrá un "brutal" aumento de tasas e impuestos, mientras que EU ha pedido a la alcaldesa, Sonia Castedo, y al edil de Hacienda, Juan Seva, que dimitan.

La medida ha sido debatida este viernes en la sesión ordinaria del pleno de septiembre, en cuyo orden del día ha sido incluida como urgencia. En la exposición de los argumentos, el portavoz de la formación de izquierdas, Miguel Ángel Pavón, ha calificado la jornada como "un día aciago" para la ciudad, y ha afirmado que el hecho de acudir a este "rescate" supondrá "importantes recortes en servicios" y una "brutal" subida de tasas e impuestos durante los próximos diez años.

En este sentido, se ha dirigido a Castedo y Seva y ha subrayado que "sus palabras y promesas no valen nada". "Vamos a perder la autonomía de las cuentas municipales, que estarán controladas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Dimitan, es lo mejor que pueden hacer", ha manifestado Pavón.

Por su parte, la primera edil ha tomado la palabra para replicarle al edil de EU que dimita él. "Su partido agradecería su dimisión, usted es el principal problema" de su formación política, ha enfatizado la alcaldesa.

Posteriormente ha intervenido el portavoz socialista, Miguel Ull, quien ha considerado que la "causa de llegar a la situación crítica" del consistorio es la "mala gestión" desarrollada por el equipo de Gobierno del PP, y ha afirmado que el concejal de Hacienda "tiene que dar la cara y asumir las responsabilidades de esta realidad catastrófica".

Asimismo, ha asegurado que la "necesidad urgente de acudir a este rescate" hará "desaparecer" la autonomía del Ayuntamiento, del mismo modo que ha criticado "lo poco que se conoce" de las consecuencias de acudir a este plan para la ciudad, entre las que ha hecho referencia a una "subida indiscriminada" de impuestos.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, quien ha destacado que el participar en este mecanismo "encarecerá la vida de los alicantinos e hipotecará el futuro para los próximos años", al tiempo que también ha aludido al incremento de los impuestos.

"discurso catastrofista"

En respuesta a todos ellos, Seva ha calificado las intervenciones de la oposición de "discurso catastrofista", cuyo objetivo es "ensombrecer la labor" del Ejecutivo local. Igualmente, ha asegurado que esta medida "es la mejor" para la ciudad, ya que permitirá mantener el remanente positivo, cubrir los servicios obligatorios y "sanear" las arcas municipales, así como pagar a los proveedores.

Por lo que respecta a los impuestos, ha negado que se vaya a producir un aumento "brutal", y ha anunciado que se realizarán estudios que posibiliten justificar si se suben o no determinados tributos. "Puede que en la mayoría de ellos no se produzcan aumentos", ha añadido.

Finalmente, ha señalado que la situación actual del Ayuntamiento es consecuencia de la actual crisis económica, y ha asegurado que acudir al plan de pago es la "única posibilidad de funcionar, pagar y prestar servicios como hasta el momento".

Pagos a ortiz

Durante el pleno, Pavón ha planteado una pregunta para conocer cuál será el porcentaje del importe que se solicitará a Hacienda que se destinará a pagar facturas a empresas participadas o propiedad de Enrique Ortiz, imputado por el 'caso Brugal', del que ha incidido en que mantiene una "notoria relación de amistad" con Castedo, y que "acapara" una parte "importante" de las contratas de la ciudad.

Por su parte, Seva ha dicho que hasta que el Ministerio no apruebe el nuevo plan de ajuste del Ayuntamiento alicantino tiene que mantener la confidencialidad de los proveedores, por lo que hasta entonces, "lamentablemente", no puede responder a la cuestión.

Convenio con suma

En otro orden de cosas, el voto mayoritario 'popular' ha validado un convenio de delegación de determinadas facultades en materia de gestión, recaudación voluntaria e inspección de tributos e ingresos de derecho público entre el consistorio y la Diputación de Alicante, a través del ente SUMA.

Al respecto, Llopis ha afirmado que este acuerdo supondrá un gasto de más de dos millones de euros para el municipio, mientras que Pavón ha indicado que "detrás está la falta asfixiante de dinero, ya que se lo llevan determinados empresarios con contratas ruinosas y los intereses de los bancos". Además, Ull ha subrayado la "incertidumbre" en materia de personal que genera este convenio.

Como réplica, el concejal de Hacienda ha resaltado que el informe del interventor "confirma" los beneficios de este procedimiento, y ha explicado que la medida permitirá "delegar" la recaudación voluntaria del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).