Condenan al SESCAM a pagar 835.719 euros a una familia por los daños ocasionados a un bebé durante el parto

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y a su aseguradora a pagar 835.719 euros a una familia, más los intereses legales devengados desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa de 12 de enero de 2006 hasta su abono, por los "graves" daños causados a un niño en el momento del parto por el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Guadalajara que le ha generado una discapacidad del cien por cien.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y a su aseguradora a pagar 835.719 euros a una familia, más los intereses legales devengados desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa de 12 de enero de 2006 hasta su abono, por los "graves" daños causados a un niño en el momento del parto por el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Guadalajara que le ha generado una discapacidad del cien por cien.

En la sentencia, dada a conocer por la Asociación El Defensor del Paciente, el Juzgado reconoce que las graves lesiones del niño, se debieron a "sufrimiento fetal intraparto por hipoxia", destacando las "importantes deficiencias" en cuanto a la monitorización de la madre, así como deficiencias sobre las horas de prácticas de analíticas y de la utilización sin justificación del fórceps.

El Tribunal, según afirma en un comunicado la Asociación El Defensor del Paciente, admite en la sentencia que hubo "mala praxis" al no saber interpretar correctamente los registros, la ausencia de pruebas intraparto que hubieran revelado el estado del feto, así como la ausencia de documentación relevante en la historia clínica que hubiera arrojado luz sobre lo que sucedió.

Consecuencia de ello, indica la Asociación, es un niño conectado a un respirador, con una discapacidad múltiple que le hace acreedor de una gran invalidez con ayuda continuada y asistencia siempre para todos los actos de su vida de una tercera persona.

Por lo tanto y a la vista de los informes aportados la indemnización total fijada para la familia del menor y que debe abonar la Administración es de 835.719 Euros, más los intereses legales desde el 12 de enero de 2006, lo que supondrá, según El Defensor del Paciente, una condena de más de un millón cien mil euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación del que conocerá, en su caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

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