España cotiza al alza como país productor de hidrocarburos. Compañías nacionales e internacionales muestran cada vez un mayor interés por los recursos energéticos de origen fósil que pueden encontrarse en el subsuelo de un país considerado como muy poco explorado y con potencial para descubrimientos. Tanto que en los últimos cinco años el número de solicitudes de permisos de investigación en territorio nacional y costero ha crecido un 80%, según datos del Ministerio de Industria.

Los avances tecnológicos, que han hecho "accesibles" zonas que antes no lo eran, y el precio actual del crudo, han incrementado las opciones de hacer negocio extrayendo combustibles de origen fósil en España. La evolución creciente en el número de exploraciones y concesiones (así como la ambición y el tamaño de los proyectos) se puede comprobar comparando el mapa de exploración y producción correspondiente a 2008 con el más actual elaborado por Industria, actualizado a mayo de 2013. Son especialmente extensos los proyectos frente a las costas de Cataluña (Nordeste 1 a 12), los de Burgos y Palencia. Decenas más (muchos con nombres mitológicos, como Pegaso, Perseo, Prometeo o Cuélebre) se dispersan por la práctica totalidad del territorio nacional, con especial incidencia en el norte centro y nordeste.

Una treintena de empresas tienen actualmente intereses exploratorios en España después de tres años sin apenas actividad, tal como reflejan los datos de exploraciones del Ministerio. "Desde los años 70 no había tanto interés", aseguran desde Aciep, la asociación que aglutina a las compañías españolas de investigación, exploración y producción de hidrocarburos (petróleo y gas). Tanto es el interés que las administraciones tienen, según estas mismas fuentes, una lista de 75 permisos (47 son autonómicos) pendientes para iniciar investigaciones en suelo y mar españoles. La propia Repsol, en un documento para inversores, reconoce que mantiene cuatro áreas españolas en las que busca lograr contratos.

"España es un país con un creciente potencial exploratorio y en los próximos meses se llevarán a cabo nuevas investigaciones sísmicas". Así de claro lo tienen los organizadores de la 2ª Cumbre de Petróleo y Gas del Atlántico Este, que se celebrará precisamente en Madrid en noviembre de 2013, y así se vende a los inversores internacionales. Cada permiso para investigar o explorar lleva aparejada una inversión de entre 700 y 1.000 millones de euros, si bien buena parte de ellas "están paralizadas a la espera de la decisión de las administraciones", explican desde Aciep. El sector estima que hay recursos equivalentes a 70 años de consumo de gas y el 20% durante 20 años de petróleo.

Solo como ejemplo, hace un año y medio la petrolera Repsol anunció el hallazgo en aguas de Canarias del "mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España" frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, y obtuvo un permiso para realizar prospecciones a 60 kilómetros de la costa. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, se encontró con el rechazo frontal de organizaciones ecologistas y del propio Ejecutivo canario, cuyo presidente, Paulino Rivero, recientemente ha promovido un informe muy crítico elaborado por 17 científicos adscritos al Ministerio de Medio Ambiente.

De producirse, los "vertidos de hidrocarburos causarían un importante impacto medioambiental ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario", concluye el citado informe. La propia Repsol, que había prometido una inversión de más de 7.500 millones de encontrarse crudo, ha reconocido que estos "derrames catastróficos" podrían producirse, lo que aleja la posibilidad de prospecciones en un futuro inmediato.

En los últimos meses otro proyecto relacionado con la extracción de hidrocarburos ha pasado a la actualidad en España. Es el Proyecto Castor. Situado enfrente del Delta del Ebro, Castor es un inmenso sistema de almacenaje de gas natural capaz de contener 1.300 millones de metros cúbicos de gas. Las autoridades españolas investigan si los seísmos detectados en la zona durante las últimas tres semanas han sido provocadas por inyecciones de gas efectuadas por esta compañía. De ser así, la Generalitat ha adelantado que se reserva posibles acciones legales contra Castor.

En la pasada noche del miércoles 2 de octubre se registraron hasta 24 seísmos. Pese a que desde el Colegio Oficial de Geólogos estiman que en los próximos días "lo normal es que se relajen las tensiones de las fallas y disminuya la intensidad de los terremotos", son numerosos las organizaciones y colectivos que alertan contra la proliferación de esta industria en España. La ONG ecologista Greenpeace rechaza al 100% los nuevos proyectos de extracción en zonas como L'Albufera de Valencia porque "suponen enormes riesgos de vertidos, incendios y contaminación" y afectaría a otros sectores importantes como la pesca y el turismo.

Informes como este de Ecologistas en Acción de 2005 sobre prospecciones petrolíferas en aguas españolas o este de Comisiones Obreras sobre los impactos de las investigaciones concluyen que la prospección de hidrocarburos tiene en general efectos nocivos sobre la biodiversidad marina, sobre el lecho marino y, por consiguiente, en el sector pesquero. También puede ocasionar contaminación en aguas y playas y perjudicar la actividad turística y de desarrollo sostenible. El sector se defiende de estas acusaciones y apela a que cumple con la normativa en vigor.

El proceso mediante el cual una compañía acaba extrayendo petróleo o gas del subsuelo consta de un ciclo con múltiples plazos, todos con riesgos, y que pueden llegar a abarcar más de 20 años hasta que se consigue el primer barril de crudo o de gas. En un primer momento se comienza con la exploración sísmica, un sistema que, por medio de potentas ondas de sonido, 'dibuja' la forma de las distintas capas del subsuelo.

A partir de los mapas generales se estudian los yacimientos y su posible viabilidad económica y técnica. Hay empresas especializadas en estas operaciones, y su negocio es vender estos estudios a las compañías productoras. Cuando un yacimiento es considerado viable, se da paso a la perforación de exploración; "la hora de la verdad", tal como reconocen empresas productoras como Cairn Energy. El objetivo, analizar en detalle cada capa y evaluar las más rentables, para solo entonces comenzar con la producción (extracción) de los hidrocarburos.

Todos los procesos han de contar con el visto bueno de la normativa española (estatal y autonómica) y europea, que es de las más exigentes del mundo, en opinión de la patronal exploradora. "El problema es que los plazos que establecen esas leyes, ya dilatados en sí mismos, rara vez se cumplen y los procesos se alargan muchas veces por falta de coordinación entre distintos niveles administrativos", señalan desde la Aciep.

Fuentes cercanas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) indican que "todo el subsuelo explorable es propiedad del Estado y se adjudica con concesiones regidas por una normativa tediosa, en muchos casos preconstitucional. En países como Estados Unidos o Canadá han optado por crear organismos independientes que deciden si las prospecciones son viables", aseguran, al tiempo que constatan el escaso incentivo para modificar la legislación. Y es que el tema medioambiental supone un tabú que pocos gobiernos quieren tocar.

La producción interior de crudo en España apenas supone el 0,56% del total consumido; en el caso del gas natural, la cifra es aún más escuálida: nos autoabastecemos con apenas el 0,21%, según los datos del último Boletín Estadístico de los Hidrocarburos elaborado por la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores). Esta fuerte dependencia energética con el exterior supone un coste negativo anual en la balanza de 45.000 millones de euros (más de un 4% del PIB).

En España hay actualmente cinco explotaciones petrolíferas en funcionamiento (Ayoluengo, Boquerón, Casablanca, Montanazo-Lubina y Rodaballo). En julio -últimos datos disponibles- se produjeron en conjunto 32.000 toneladas de crudo. En el último año la producción se ha disparado un 246,6%, gracias a la entrada en vigor del pozo de Montanazo-Lubina, el último en desarrollarse. Hace solo cuatro años la producción de todo un año fue de 107.000 toneladas. Además, en el país hay otros cuatro yacimientos de gas natural (El Romeral, El Ruedo, Marismas y Poseidón). La producción también ha aumentado en el último año (un 15,4%).