Los diputados socialistas de Baleares han registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita para saber si el Gobierno central piensa interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) del Gobierno balear.

"No sería la primera vez que un Gobierno del mismo color político que un Gobierno regional interpone un recurso de inconstitucionalidad, por lo tanto no es tan descabellado preguntarlo", ha explicado a Europa Press uno de los promotores de la pregunta, el diputado Pablo Martín Peré.

El PSOE ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional que irá firmado por 50 senadores, pero ante el alto tribunal también pueden recurrir los diputados (un mínimo de 50), el Defensor del Pueblo, los Gobiernos autonómicos o el presidente del Gobierno central.

Los diputados han presentado también otra pregunta escrita para saber si el Ministerio de Educación va a incluir la situación de la educación en Baleares tras la aprobación del decreto en su próxima reunión con el Consejo Escolar del Estado y "qué piensa hacer el Gobierno" para resolverla.

El diputado ha hecho hincapié en que los socialistas no se oponen al trilingüismo —"lo llevábamos en las páginas 45 y 46 de nuestro programa electoral", ha señalado— sino a cómo se ha aprobado y al calendario de su aplicación.

"La oposición no es por la introducción del inglés o porque se quitaran horas al catalán, habrá una minoría no representativa que pueda decir eso, lo verdaderamente importante es el perjuicio a los niños y a los docentes", ha declarado.

Según Martín Peré, el que no se haya negociado el calendario supone problemas como que los niños de entre 8 y 11 años tengan que recibir clases de matemáticas o de ciencias sociales en inglés "sin tener los conocimientos necesarios", y eso puede hacer "que se pierda un año educativo para estos niños", lo que sería una "absoluta aberración" y más teniendo en cuenta los niveles de fracaso escolar.

Pero además, ha recalcado que los profesores que tienen que impartir esas materias en inglés "no han recibido la formación adecuada porque no han tenido tiempo suficiente para prepararse". Además, a los docentes se les exige un nivel de inglés B2 (según el marco europeo de referencia esto es un nivel "avanzado", el cuarto de seis niveles) y los socialistas consideran que "no es suficiente para impartir materias complejas como matemáticas o ciencias sociales".

Para el diputado socialista, lo que tendría sentido es empezar introduciendo la tercera lengua a los niños que ahora tienen entre tres y cinco años. De hecho, ha apuntado que las negociaciones actuales —entre el Gobierno y la comunidad educativa en huelga— pasan por que este curso quede vigente la norma para los niños de cuatro o cinco años pero que se suspenda para los que no están preparados.

Exvicepresidente huguet

En este sentido, ha asegurado que "numerosos alcaldes del PP están optando por el diálogo" y que incluso un exvicepresidente del Gobierno balear, el actual rector de la Universidad autonómica Llorenç Huguet, "se ha opuesto a que las cosas se hagan de esta manera y ha pedido que se lleve a cabo una negociación entre agentes políticos y educativos".

Para los socialistas baleares, el decreto vulnera el artículo 27.5 de la Constitución, que establece que las reformas educativas deben contar con la "participación efectiva" de los sectores afectados, y también el 127 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que señala que la competencia de los centros escolares de los centros es dialogar y negociar con los agentes políticos las reformas educativas.

Por último, Martín Peré ha afeado al Gobierno de José Ramón Bauzá que aprobase la norma en un decreto-ley "a las dos horas" de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) suspendiese cautelarmente la primera ley, porque contra un decreto-ley no cabe suspensión cautelar. "Pensamos que la única vía que nos queda de defensa después de todas las manifestaciones, las propuestas en el parlamento balear y la pregunta oral al ministro Wert es interponer un recurso de inconstitucionalidad con 50 senadores".