El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado este jueves "de juzgado de guardia" los incumplimientos que, fruto de la fiscalización de la contratación de las empresas públicas regionales realizada por el Consejo de Cuentas, han cometido Ade Financiación, Provilsa, Ade Parques y Somacyl en los años 2010 y 2011.

Así lo ha trasladado en la comisión de Hacienda y durante la comparecencia del presidente del Consejo, Jesús Encabo Terry, la procuradora Ana María Muñoz de la Peña, quien tras aseverar que las empresas públicas se han convertido "en un lastre", ha criticado la opacidad de las cuatro mencionadas, que además de no haber aportado datos, incurrieron en prácticas como la no remisión de la información sobre contratación, la falta de normas internas de contratación, el establecimiento de criterios mínimos de solvencia o la mejora del conocimiento de los requisitos por parte de los licitadores, según se desprende del informe.

"Son incumplimientos de juzgado de guardia: cualquier empresa privada con esta historia estaría ya intervenida judicialmente o disuelta", ha destacado la procuradora socialista, quien ha calificado de "auténticamente bochornoso" el sistema del trabajo de las empresas públicas, que "manejan cantidades millonarias que dilapidan en sueldos o gasto corriente".

Así y tras cifrar en más de 135.000 euros el sueldo medio de Somacyl en el año 2011 frente a los 19.000 euros de media de un trabajador ajeno al sistema empresarial público de la Comunidad, Muñoz de la Peña ha lamentado además la "usurpación de competencias" a las consejerías y a los trabajadores públicos, que al contrario que los de estas entidades sí pasaron un proceso de selección más allá de una entrevista.

"Incumplen todos los principios que se pueden incumplir", ha criticado después de que el portavoz del Grupo Mixto, José María González, haya asegurado que la sociedad está "carcomida por la corrupción", a lo que ha añadido que cerrar contratos con empresas "saltándose la ley" por importes "de importancia" sería para "acudir a los tribunales de justicia", punto en el que el presidente del Consejo de Cuentas ha aclarado que si se hubiesen detectado ilegalidades se hubiera trasladado el caso al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía.

González, en su alocución, ha hecho referencia al "mercadeo de favores" y ha asegurado entender el sentir de quienes piensan que ciertos ámbitos "están por encima de la legalidad vigente", a lo que ha sumado críticas como la falta de valoración de los criterios de solvencia en el caso de las adjudicaciones.

El procurador 'popular' Salvador Cruz, por su parte, ha basado su intervención en el "razonable cumplimiento" con la legalidad por parte de estas cuatro empresas, frase textual pronunciada por Encabo, y tras instar a quien lo considere a acudir a la vía judicial, ha reconocido la existencia de "sustanciales aspectos a mejorar" centrados en la comunicación, la transparencia, las instrucciones internas de contratación y la solvencia mínima.

Asimismo, ha pedido analizar las alegaciones presentadas por las empresas ante el Consejo de Cuentas, entre las que ha destacado el compromiso de Provilsa, empresa que ya no existe, para asumir todas las recomendaciones, a lo que Encabo ha respondido que las cuatro compañías incumplieron "de manera flagrante", lo que a su juicio no resulta comprensible cuando las exigencias normativas son de hace años.

No a las alegaciones

Además, el presidente del Consejo ha mostrado "cierta extrañeza" por el hecho de que se persevere en la omisión de información, a lo que ha añadido que la institución analizó todas las alegaciones y no aceptó ninguna, tampoco las 56 de Provilsa, empresa que aportó explicaciones pero no acreditó lo que se le pedía.

"Ese es uno de los hechos clave", ha aseverado Encabo antes de apostar por la transparencia en la contratación en el caso de recursos públicos, aspecto que tendría que instalarse en este tipo de gestión.

El Informe analiza estas cuatro empresas y realiza una serie de recomendaciones, coincidentes en muchos casos, para cada una de ellas: a Ade Financiación le sugiere acabar con las deficiencias en la obligación de remisión de información al Consejo y al Ministerio, crear un sistema de recurso específico de contratación propia y aprobación de pliegos con las características de la contratación mientras que a Ade Parques Tecnológicos le insta, además de a remitir información, a redactar normas internas de contratación, establecer un sistema en el perfil del contratante e incluir en los expedientes toda la documentación que justifica la tramitación realizada.

En el caso de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (Provilsa), se aborda la necesidad de remitir información y redactar normas internas de contratación así como acreditar el inicio de la difusión pública de la información, inclusión de los criterios de adjudicación y su peso y que se contemple la posibilidad de interponer recursos mientras que a la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) se recomendó la justificación de la necesidad de contratos y la elección de los criterios de adjudicación, y que se realice la recepción del objeto de contrato dentro del plazo establecido, entre otros.