La Junta de Andalucía, a través de la Oficina en Defensa de la Vivienda, ha impedido hasta este lunes día 24 de este mes de septiembre un total de 214 desahucios en la provincia de Jaén, así como ha paralizado, mediante actuaciones "de oficio" de la Consejería de Fomento y Vivienda, otros 114 dentro del parque público de viviendas.

Son datos facilitados este jueves por el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Juan Antonio Sáez, en una rueda de prensa en la que ha participado junto a la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, para presentar la nueva Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobada este miércoles por el Parlamento autonómico.

Según ha informado la Junta en una nota, Sáez ha aprovechado esta comparecencia para destacar la actitud "beligerante" de la Junta "con las políticas que posibilitan desproteger a las víctimas de la crisis económica y que no tienen ingresos para pagar sus hipotecas o sus arrendamientos".

Además, ha explicado que en la Oficina Provincial en Defensa de la Vivienda se han contemplado 58 casos de personas avalistas y autónomos que necesitan protección, y ha valorado el trabajo que realiza este servicio negociando con los bancos para que no se entre en la fase de demanda judicial por falta de pago por hipotecas o arrendamientos.

Asimismo, la Oficina Provincial en Defensa de la Vivienda "ha protegido, desde su entrada en funcionamiento, a 24 familias que habían sido desalojadas y a las que la Junta les ha procurado un hogar", según ha apuntado el delegado del ramo, que subrayado la importancia tanto de la nueva normativa como del decreto ley para la elaboración de un Registro Andaluz de Viviendas Vacías para amparar a los demandantes de vivienda en Andalucía, "unos 20.000" en la provincia jiennense.

Nueva norma contra desahucios

Por su parte, la delegada de la Junta en Jaén, Purificación Gálvez, ha destacado que la norma aprobada este miércoles "trata de reforzar la lucha contra los desahucios y hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma y también en la provincia", además de "abaratar el acceso a la vivienda y evitar desahucios de personas en situación especialmente vulnerable".

Como "principal novedad", el documento amplía los supuestos para acogerse a la expropiación temporal del uso de la vivienda con el fin de evitar el desahucio a avalistas, autónomos y a quienes hayan formalizado las denominadas "hipotecas puente".

En concreto, y en el primer caso, se podrán beneficiar de esta figura los avalistas que se encuentren en un proceso de ejecución hipotecaria por ofrecer su propia vivienda habitual como garantía o aval ante la concesión de un préstamo por la entidad financiera, si bien también lo podrán hacer los autónomos cuyo inmueble habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al ejercicio de su actividad profesional, así como quienes hayan formalizado las denominadas "hipotecas puente", dirigidas a quienes cambian de casa.

"Además, entre otras medidas, el texto refuerza la protección de los inquilinos desalojados de sus inmuebles por impago de las rentas, de modo que dará cobertura a víctimas de desahucios en régimen de alquiler, en virtud de uno de los principales ejes de la norma, como es la defensa del alquiler asequible para todos", según ha defendido Gálvez.

La ley también recoge medidas del decreto ley, como sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas —bancos o inmobiliarias— que tengan viviendas vacías; de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus inmuebles protegidos; incentivos para el arrendamiento de viviendas desocupadas por parte de propietarios particulares o la expropiación temporal —por un plazo de tres años— del uso de los inmuebles embargados a personas en riesgo de exclusión social para evitar sus desahucios.

El "objetivo último" de estas medidas es "hacer aflorar el máximo número de viviendas vacías posible, que son unas 65.000 en la provincia jiennense", según ha subrayado la delegada, que ha valorado la dimensión de una norma que, al igual que el decreto ley, "supone un giro radical en la forma de encarar la vivienda, de considerarla como una mercancía a un derecho con mayúsculas".