El diputado socialista por Sevilla Antonio Pradas ha mostrado su "extrañeza" por el "optimismo" mostrado por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, cuando "la sensación de inseguridad y alarma en la ciudadanía y, especialmente entre agricultores y ganaderos, sigue creciendo ante los robos de sus aperos, instalaciones de riego, cables, combustible".

"No se trata de culpar a un gobierno u a otro, pero el incremento es alarmante en los últimos años debido a diversos factores. Ni mucho menos culpar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que hacen una magnífica labor para los medios de los que disponen", ha dicho el diputado, para añadir que, sin embargo, "el primer deber de una responsable política e institucional como la delegada del Gobierno es reconocer la realidad para poder actuar con mayor eficacia".

Pradas considera que Crespo "no ha dicho toda la verdad", según asegura que se desprende de la información facilitada por el propio Gobierno de la nación, en contestación a la pregunta formulada por Pradas. De la respuesta del Ministerio del Interior de 5 julio de 2013, se desprende que el número de infracciones penales conocidas, que tuvieron lugar en explotaciones agrícolas y ganaderas en España ascendieron a 23.655; es decir "2.929 delitos más que en 2011, lo que supondría un incremento superior al 14 por ciento".

Añade que, de estos delitos, 8.199 se han cometido en Andalucía, lo que supone un porcentaje alarmante si tenemos en cuenta los datos poblacionales. "Mientras la población andaluza representa aproximadamente un 18 por ciento de la población española, los delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas superan con creces el 30 por ciento del total de los cometidos en el territorio nacional", añade.

Por lo que se refiere a la provincia de Sevilla, subraya que el número de infracciones se ha incrementado desde los 1.064 delitos en 2010 a los 2.094 en el año 2012, "prácticamente el doble".

"Paradójicamente, el propio Ministerio de Interior ha reconocido, en respuesta a otra pregunta suya del 24 de junio de 2013 que se ha reducido el número de efectivos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional en la provincia de Sevilla, pasando de 2.915 Guardias Civiles en 2012 a 2.889 en 2013 y de 3.140 policías nacionales a 3.113 en el mismo período de tiempo", concluye Pradas, argumentando que existen 53 efectivos menos de los Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Sevilla, para hacer frente a "un incremento de delitos tanto en fincas agrícolas y ganaderas, como en el medio rural en general"