Desarticuladas en Almería cuatro bandas por defraudar 300.000 euros a la Seguridad Social

  • Hay 32 detenidos por su relación con cuatro empresas ficticias.
  • Llegaron a contratar a mujeres embarazadas poco antes de dar a luz para trabajar en la construcción.
  • Las empresas tenían sede en Almería y El Ejido.
Administración de la Seguridad Social.
Administración de la Seguridad Social.
EP
Administración de la Seguridad Social.

La Policía Nacional ha concluido una macrooperación en la provincia de Almería con la desarticulación de cuatro grupos organizados acusados de defraudar más de 295.000 euros a la Seguridad Social.

La operación se ha saldado con la detención de 32 personas relacionadas con cuatro empresas ficticias dedicadas a la construcción con sede en Almería y El Ejido.

Los arrestados solían cobrar entre 400 y 1.000 euros por formalizar altas a desempleados interesados en percibir subsidios por desempleo; y ofrecían a inmigrantes en situación irregular formalizar un contrato de trabajo que les permitiera obtener el permiso de residencia.

Uno de los grupos contrataba a mujeres embarazadas pocos días antes de dar a luz para supuestamente trabajar en la construcción.

Las investigaciones se iniciaron a partir de la recepción de una información procedente de la Unidad de Control del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería, que informó de que tres empresas estaban simulando contrataciones laborales.

Los trabajadores, según estos datos, figuraban en las plantillas de personal, pero los empresarios no pagaban las cuotas por tenerlos dados de alta. De esta forma habían defraudado 179.376 euros a la administración.

La mayoría de los supuestos trabajadores no habrían obtenido ningún pago en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo gracias a la rápida actuación policial.

Captación

En el trascurso de la operación, los agentes averiguaron que los responsables de las cuatro redes captaban a sus clientes, bien personalmente o valiéndose de supuestos trabajadores de las empresas; y que les ofrecían un contrato de trabajo que permitiera regularizar su situación en España.

Los interesados obtenían previo pago de unos 500 euros un contrato de trabajo.

Una segunda vía de defraudación consistía en ofrecer la posibilidad de acceder al cobro de prestaciones y subsidios por desempleo, para lo que los empresarios solicitaban una cuota de 400 euros por cada mes que los trabajadores permanecían dados de alta. Este importe en ningún caso se utilizaba para pagar las cuotas a la Seguridad Social, por lo que todo lo aportado suponía un beneficio para ellos.

A los agentes encargados de la investigación les llamó mucho la atención que una de las empresas contratara embarazadas pocos días antes de dar a luz para que trabajaran  en la construcción, siendo otra vía de defraudación el cobro de prestaciones por baja maternal. Tras dar de baja a los supuestos trabajadores, les facilitaban toda la documentación necesaria para que pudieran cobrar la prestación por desempleo o por baja maternal.

Con toda la información obtenida por la Policía entre agosto y septiembre se procedió a la detención de 19 personas como presuntas autoras de delitos de falsificación de documentos y estafa a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de empleo estatal. Así, en la operación Bombo se detuvo a 10 personas; en la operación Julio César, a otras seis; y en la operación Tobías, a tres más.

La última investigación ha sido llevada a cabo en El Ejido, donde se localizó una empresa sin actividad, y en Jaén, donde residía el líder de la trama, que actualmente se encuentra en prisión por otro hecho delictivo.

Los detenidos defraudaron 220.000 euros. Cobraban 400 euros por mes a cambio de ofertas de contratos y asesoramiento en los trámites para conseguir la tarjeta de residencia en nuestro país; y ganaban unos 400 euros por cada contrato de trabajo que realizaban a ciudadanos españoles.

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