Nueve comunidades autónomas, varias de ellas por problemas de infraestructura, no aplicarán a partir del 1 de octubre el repago a los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a los pacientes graves o crónicos no ingresados.

Las autonomías de Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura se han sumado a las de País Vasco, Castilla y León, Canarias y Andalucía al anunciar que no aplicarán el próximo 1 de octubre una medida que, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, es necesaria para "garantizar la sostenibilidad del sistema".

Cuatro de éstas —Asturias, País Vasco, Canarias y Andalucía— se oponen al repago; otras tres —Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura— no podrán aplicarlo por razones logísticas; y Navarra está en contra de la medida y, por ello, buscará alternativas para paliar sus efectos si entra en vigor. Por último, Castilla y León ha alegado problemas de gestión para su aplicación el 1 de octubre, además de que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP), ya anunció la semana pasada que se dirigirá al Gobierno central para que "no llegue a aplicarse" la medida.

Cataluña ha sido la última en anunciar que no aplicará el repago porque para algunos pacientes puede suponer una barrera para acceder al tratamiento que necesitan. Es por eso que el Servicio Catalán de la Salud estudiará mecanismos para garantizar la equidad en el acceso a los medicamentos, aunque las dificultades técnicas, administrativas y logísticas imposibilitan introducirlos la próxima semana.

La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que su comunidad no aplicará el repago y ha anunciado que recurrirá antes del 1 de octubre la resolución. El titular vasco de Salud, Jon Darpón, se ha sumado a las declaraciones de su homóloga andaluza y ha confirmado que Euskadi no aplicará el repago por ser una medida "injusta e injustificable". Por su parte, el Gobierno de Navarra, que buscará "alternativas" si finalmente entra en vigor, ha trasladado al Ministerio de Sanidad que reconsidere su postura, pero recuerda que "no puede saltarse las leyes".

Otra de las comunidades que se opone al repago es Asturias (PSOE), donde su consejero de Sanidad, Faustino Blanco, rechazó la pasada semana la decisión del Gobierno central de "imponer" el norma.

También el Gobierno de Canarias (CC y PSOE) lo rechaza y lo interpreta como una "imposición" a las autonomías y el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, denunció que es una "nueva vuelta de tuerca" promovida por la administración central.

En la Comunidad Valenciana (PP), fuentes de la Consejería de Sanidad ya consideraron la semana pasada la norma como no "prioritaria", además de incidir en que no podrá ponerse en práctica por el "corto" plazo dado para habilitar los mecanismos de pago. De la misma forma, Aragón y Extremadura, gobernadas por el PP, carecen actualmente de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la nueva iniciativa, aunque están trabajando en su puesta en marcha.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha indicado que "muy difícilmente" podrá llevarse a cabo el repago en la región el 1 de octubre y el consejero de Sanidad aragonés, Ricardo Oliván, aseguró ayer que la aplicación en esa fecha es "materialmente imposible".

Entre otras comunidades también gestionadas por el PP, el titular de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha dicho que el nuevo repago "no es optativo" sino una "norma de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas".

El Gobierno de Cantabria también aseguró que aplicará el decreto "en el menor tiempo posible" y la conselleira de Sanidad gallega, Rocío Mosquera, aseguró ayer que aplicarán el dictamen.

Madrid lo hará como medida que se acordó en el Congreso en abril de 2012 y, de igual forma, Murcia lo pondrá en marcha el próximo 1 de octubre

El Gobierno catalán lo acepta, aunque estudiará "mecanismos" para que no suponga una barrera de acceso para ningún paciente.

La medida ha causado rechazo en PSOE e IU, entre profesionales del ámbito sanitario y colectivos de afectados, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que recurrirá administrativamente la decisión del Ministerio de Sanidad.