La sentencia del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, se dará a conocer el día 4 de octubre a partir de las 11.00 horas, según han informado a Europa Press fuentes del caso. La resolución tendrá unos 4.000 folios, gran parte de ellos dedicados al principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2010, con las cuestiones previas, y quedó visto para sentencia el 30 de julio de 2012, después de casi 200 días de sesiones, en las que declararon los 95 acusados y unos 400 testigos y peritos. El Tribunal está formado por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald.

Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, están acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.

La Sala ha citado dicho día a las partes para la lectura pública del fallo de la sentencia en la Ciudad de la Justicia, según han informado fuentes judiciales. La resolución, según explicó en su momento el presidente del Tribunal contará con fundamentos jurídicos genéricos, pero también concretos para cada procesado y con todas las declaraciones realizadas por los acusados desde la instrucción.

Asimismo, se dedican unos 150 folios a resolver las cuestiones previas planteadas por las partes en las primeras sesiones del juicio. Así, se ha previsto que la sentencia tenga un índice, algo que han pedido las partes para facilitar su lectura, por lo que la idea es incluir las páginas donde encontrar los distintos apartados de la sentencia.

Godino destacó en su día el trabajo realizado no sólo por el Tribunal sino también por los funcionarios y la secretaria judicial; y expresó que le gustaría que trascendiera que "los jueces de Málaga hemos estado a la altura de las circunstancias", apuntando que "cualquiera lo hubiera hecho igual o mejor que yo, sin lugar a dudas".

El proceso

Tras el juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación para 86 de los 95 procesados iniciales y llegó a un acuerdo con tres. Así, acusa a Roca de los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que él es el "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo. Por esto, solicita en total 30 años de prisión y multa de unos 800 millones.

Además de Roca, la sentencia se tendrá que decidir sobre si condena o absuelve a los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe; exediles como Isabel García Marcos, Tomás Reñones o Pedro Román; empresarios como José Ávila Rojas, Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', los responsables de Aifos o José María González de Caldas. También sobre abogados como Montserrat Corulla o los miembros del despacho Sánchez Zubizarreta.

El ministerio fiscal, al igual que las acusaciones particulares que representaban al Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía, mantuvo que Roca amasó un patrimonio "muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Consistorio, mientras la defensa del presunto cerebro de esta trama sostuvo que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.

La Fiscalía consideró que para encubrir la titularidad de sus bienes "ilícitamente obtenidos", Roca constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio". Para la defensa del principal acusado, nunca hubo ocultamiento por parte de su cliente y no existía una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores "reales" de las empresas.

Sostuvo el fiscal que Roca dirigía "totalmente el Ayuntamiento" y que aprovechó esto para negociar con empresarios, que "estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", nuevos parámetros urbanísticos de terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en la revisión del plan general.

Roca admitió que pagó, pero a los portavoces del equipo de gobierno —Marisol Yagüe por el GIL, Isabel García Marcos por el PSOE y Carlos Fernández, que está fugado, por el PA— y sólo para mantener unido este tripartito. Yagüe y García Marcos lo negaron en los careos que mantuvieron con el principal acusado, quien, además, validó parte de los archivos Maras, aunque no las identificaciones de todas las iniciales. Por ejemplo, para Roca, JM no es Julián Muñoz.

Prácticamente todas las defensas criticaron, duramente en algunos casos, la instrucción realizada, considerando que se había producido violación de derechos fundamentales. Así, pidieron la nulidad de declaraciones judiciales, arrestos, registros, intervenciones telefónicas, resoluciones judiciales, etcétera, que se practicaron a lo largo de la investigación.