En 1993, la fundación BBVA presentó un informe que anunciaba que el sistema público de pensiones corría peligro. Según sus cálculos, el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social aumentaría hasta el 2% del PIB en tan solo siete años. Cuando llegó el año 2000, la Seguridad Social tenía superávit. Este ejemplo es uno de los argumentos que esgrime un grupo de expertos para desacreditar el documento del comité de expertos en el que se basa la nueva reforma de las pensiones anunciada por el Gobierno.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, avanzó el pasado 2 de septiembre que las prestaciones de las personas de la tercera edad dejarán de revalorizarse con el IPC a partir de 2014, basándose en un informe encargado a un comité de doce expertos que concluía que el sistema público de pensiones no será sostenible en el futuro por el progresivo envejecimiento de la población y la proporción entre trabajadores y pensionistas.

Un grupo de 24 economistas firmó el pasado jueves un documento para “desenmascarar los intentos de justificar los intentos de justificar posturas ideológicas” En él denuncian que el informe en el que se ha basado el Gobierno para elaborar su reforma plantea el asunto “como un problema técnico, cuando en realidad es un problema político” y afirman que trata de una medida ideológica y “un paso en el desmantelamiento del Estado social”.

Según los firmantes, el Gobierno “oculta a los españoles” que las pensiones pueden financiarse por otras vías que no son las cotizaciones sociales. Aseguran que el Estado debe hacer frente a todos sus gastos con todos sus recursos, y que las pensiones no son un gasto independiente del resto. Citan el artículo 50 de la Constitución, que afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad” para subrayar que el Estado tiene la obligación de acudir a todos los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, “sean las cotizaciones o cualquier otro impuesto”.

Pero este grupo de expertos tampoco está de acuerdo con que el aumento de la esperanza de vida y otros cambios demográficos vayan a derrumbar irremediablemente el sistema público de pensiones. Señalan que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha aumentado el número potencial de trabajadores y que la tasa de actividad femenina todavía tiene margen para crecer. También apuntan a la llegada de trabajadores inmigrantes que incrementan la base de trabajadores que también pagan las cotizaciones.

Indican además que “hay que superar la visión cuantitativa de los trabajadores para considerar la productividad”. Aseguran que en el futuro se podrá producir más con un número menor de trabajadores y que esa cifra menor de cotizantes podrá mantener a un mayor número de pensionistas. Cuando aumenta la productividad, se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones, incluso con menos empleados por cada pensionista, argumentan. Afirman también que el nivel de salarios y la reducción de la economía sumergida también sirven para apuntalar el sistema público de pensiones.

El hecho de que el Gobierno deje a un lado estas posibilidades, dicen los economistas, tiene que ver con un plan para “promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social”. “Difundir informes catastrofistas y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones solo puede tener una consecuencia”, explican, “que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado”.

Por esa razón, argumentan, “el grupo de sabios que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada”. Destacan que la mayoría de los expertos consultados por el Gobierno “ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o seguros que van a beneficiarse de una eventual rebaja de las pensiones”.

El documento termina recordando que “no todas las personas pueden financiarse ahorro privado” y añade que “sin las pensiones públicas, casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en una situación de pobreza severa”. Concluyen que es necesario rechazar la reforma y reclamar “con toda firmeza” una política económica diferente.