El presidente de EEUU, George W. Bush, retirará el programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial y pondrá este sistema de espionaje bajo la vigilancia de un tribunal específico, anunció el Departamento de Justicia de su país.
El Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional es el órgano designado por el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, para encargarse de supervisar las escuchas en territorio estadounidense.
"El presidente ha decidido no re-autorizar el Programa de Vigilancia Terrorista (TSP, por sus siglas en inglés) cuando expire el actual permiso", dice Gonzales en una carta dirigida al Comité Judicial del Senado.
"Cualquier vigilancia electrónica que tuviese lugar como parte del TSP se llevará a cabo ahora bajo la aprobación del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional", señala el fiscal general estadounidense.
Ellos también podrán autorizar 'pinchazos'
De hecho, esta corte ya ha aprobado una petición para 'pinchar' las comunicaciones de un sospechoso de pertenecer a Al Qaeda o a algún grupo asociado.
La carta de Gonzales llegó tan sólo un día antes de su comparecencia ante el Comité Judicial, en el que algunos miembros se habían opuesto al programa y que, además, ahora está dominado por los demócratas.
La Casa Blanca mostró, a través de su portavoz, Tony Snow, su satisfacción con la labor de la corte especial.
"El Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional ha creado sus pautas y sus reglas y éstas cumplen con los requisitos del Gobierno en cuanto a velocidad y agilidad de los trámites para salvar vidas estadounidenses", dijo Snow.
La Administración Bush había reiterado por activa y por pasiva que el programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial, instaurado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), es un arma fundamental en la lucha contra el terrorismo.
La existencia del programa fue revelada a finales de 2005 por el diario The New York Times, que basó su información en fuentes anónimas.
La Casa Blanca confirmó posteriormente que en 2002 Bush autorizó a la NSA a intervenir sin autorización judicial las comunicaciones telefónicas y electrónicas de personas en EEUU en investigaciones sobre terrorismo.
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