La Junta de Andalucía ha facilitado el cumplimiento de un total de 1.781 medidas judiciales destinadas a la reinserción de menores infractores en medio abierto en la provincia de Málaga durante el primer semestre del año, según el balance de la Consejería de Justicia e Interior responsables en la gestión de la Justicia Juvenil.

Estas medidas de medio abierto para los jóvenes infractores forman parte del conjunto de recursos y servicios que la Junta ofrece para la reeducación y resocialización de estos menores, cuya gestión y resultados ha contado con el reciente reconocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha otorgado al departamento que dirige Emilio de Llera el Premio a la Calidad de la Justicia 2013.

Esta galardón valora "el alto nivel de reinserción de menores infractores que finalizan la ejecución de alguna medida en Andalucía" y que se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar una tasa del 80 por ciento de jóvenes que no vuelve a reincidir, tal como se recoge en el último estudio de investigación elaborado por la Universidad de Almería para analizar el desarrollo de la Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores en la comunidad,.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha subrayado que "la provincia y el resto de Andalucía disfruta hoy de un sistema de justicia juvenil consolidado que es referencia a nivel nacional como así se ha reconocido con este premio, un sistema capaz de ofrecer recursos suficientes con una atención sólida y profesional para cubrir las necesidades generadas por las medidas impuestas por los juzgados de menores de esta comunidad autónoma".

La mayoría de estas medidas judiciales en medio abierto aplicadas en la provincia —1.026— son de libertad vigilada, seguidas de las 446 de trabajos que realizan los menores en beneficio de la comunidad. Además, los jóvenes han desarrollado 199 medidas consistentes en su asistencia a talleres socioeducativos, junta a otras 49 relativas a tratamientos de drogodependencias y 45 en las que los infractores tienen que convivir en grupos educativos para su resocialización.

A estas medidas acordadas por los jueces de menores se suman otras como las de fin de semana (tres), tratamientos ambulatorios de salud mental (dos), prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas (seis) o estancia en centros de día (cinco)

Nuevos servicio para mejorar resultados

Para dar respuesta a este tipos de medidas judiciales en medio abierto que dictan cada vez más los jueces de menores, la Consejería va a invertir más de 22 millones de euros hasta 2017 y ya está poniendo en marcha un servicio integral de Justicia Juvenil en la provincia "para mejorar la aplicación de estas medidas, además de impulsar la tramitación del expediente único del menor y facilitar el acceso al mismo a los juzgados, fiscalías y técnicos que ejecutan la medida judicial, lo que contribuirá a un mejor seguimiento de las medidas y de sus resultados", ha señalado el delegado, a través de un comunicado.

Para la ejecución de este tipo de medidas no privativas de libertad, la Administración andaluza vela por el interés superior del menor, a quien se le ofrecen las herramientas y habilidades necesarias para superar las carencias educativas o afectivas y normalizar su convivencia familiar y social. Una vez que los jueces de menores imponen esta medida, la Junta es la encargada de ejecutar la resolución judicial en los distintos centros que tiene distribuidos por todas las provincias.

El Ejecutivo regional está realizando "un importante esfuerzo por mantener los recursos y servicios en la atención de los menores infractores pese a los últimos ajustes presupuestarios ejecutados a causa de la actual situación económica y financiera", ha destacado Ruiz Espejo.

La Consejería de Justicia e Interior ha multiplicado por tres el número de plazas de internamiento para menores en los últimos años en Andalucía, pasando de las 242 del año 2000 a las 764 que existen en la actualidad en Andalucía, y ha incrementado durante la última década un 300 por cien el presupuesto dedicado a la intervención con estos menores, pasando de los 28,5 millones de euros invertidos en 2002 a los casi 81 millones de euros empleados en 2012.