El PP-A se hace eco así de una iniciativa que fue lanzada por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán en su último debate sobre el Estado de la Comunidad, donde, tras anunciar que no repetiría como candidato del PSOE-A en las próximas elecciones regionales, subrayó la conveniencia de limitar a dos el número máximo de mandatos del presidente del Ejecutivo andaluz y de hacerlo, además, de "forma general y estatutaria".

Esta propuesta, sin embargo, no ha sido recogida formalmente hasta la fecha por su sucesora en el cargo, Susana Díaz, que ni en su debate de investidura ni en su toma de posesión hizo referencia alguna a esta posibilidad.

La limitación a ocho años del mandato de presidente o presidenta de la Junta es una de las 13 medidas que el Grupo Popular incluye en la proposición no de ley relativa a 'Medidas urgentes en materia de transparencia en la administración de la Junta' que defenderá este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica, en la que también insta a la Junta a realizar los cambios legales o normativos pertinentes para "establecer la obligación de remitir de oficio al Parlamento de Andalucía todas las recomendaciones y reparos que formule la Intervención General de la Junta de Andalucía", así como todos sus informes de auditorías internas y externas a las que se sometan los entes instrumentales del sector público andaluz.

Para luchar contra la corrupción, el PP-A también pide que se refuercen los controles internos y externos y la fiscalización de los recursos públicos a través de "auditorías en los supuestos de denuncias de fraudes y procesos judiciales que afecten a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales" y que, en caso de que altos cargos o ex altos cargos sean imputados en este tipo de delitos, se prohíba que la Junta "pueda pagar los gastos de su defensa".

Además, con la intención de que Díaz pase, en materia de transparencia, "de las propuestas a los hechos lo más pronto posible", la conmina a incluir en la Ley de Incompatibilidades las relaciones en materia de contratación con todas las administraciones públicas y entes participados de los miembros de la unidad familiar de los altos cargos y otros cargos públicos; a publicar semestralmente las asignaciones económicas o cesantías de cada ex alto cargo de la Junta; a obligar a las personas que ocupen puestos singularizados que presenten y hagan públicas declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones; y a crear un registro de personal directivo de la Administración instrumental a través del que se informe semestralmente de contratos e indemnizaciones por cese percibidas por directivos de entes del sector público.

En el terreno parlamentario, el Grupo Popular pide que al final de cada ejercicio presupuestario se publique en la web del Parlamento los certificados donde consten todos los gastos de altos cargos, asimilados y máximos responsables de las agencias, consorcios y entidades instrumentales del sector público andaluz, y que se "haga efectivo el derecho de los diputados a recibir la información y documentación solicitada, en tiempo y forma, de manera cumplida y detallada".

Las reclamaciones 'populares' en materia se presupuestos se basan en la publicación anual del número de personal eventual o de confianza y de todos los puestos singularizados —mediante inclusión en el Anexo de Personal del Presupuesto de la Comunidad—, así como en la integración en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Junta de los presupuestos de explotación y de capital de todos los entes que conforman el sector público andaluz en los que haya participación mayoritaria, directa o indirecta de la Junta. También se reclama, como viene siendo habitual por parte del PP-A, que en los presupuestos se detallen las inversiones a realizar en cada una de las provincias.

De ser aprobadas todas estas medidas en el Parlamento, para lo que se necesitan los votos de PSOE-A e IULV-CA, el Grupo Popular consideraría que el Gobierno andaluz demostraría su interés real por abrir un "nuevo tiempo" también en esta materia. "Es posible avanzar muy rápido en transparencia si hay voluntad política", apostilla en su iniciativa, donde celebra que el pasado 12 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobara el dictamen del Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

"Este impulso de medidas a favor de la transparencia debe trasladarse a Andalucía. Todos somos conscientes del enorme daño que la corrupción está produciendo en nuestra Comunidad Autónoma, y que el Gobierno andaluz no puede presumir de ser un Gobierno transparente, pues tiene en su haber numerosas zonas oscuras relativas a la organización y gestión de la Administración, transparencia y buen uso de los fondos públicos y subvenciones, incluso en su relación con el Parlamento de Andalucía", apostillan los 'populares'.