El Gobierno de Canarias enviará el proyecto de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda al Consejo Consultivo, último trámite antes de enviar el texto definitivo al Parlamento para que comience su tramitación.

Así se ha acordado en el Consejo de Gobierno que ha tenido lugar durante la mañana de este viernes, tal y como ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero.

El anteproyecto de Ley ha sido sometido a Información pública, al trámite de audiencia a los Cabildos Insulares, Ayuntamientos canarios y demás entidades sociales interesadas en el procedimiento, y también cuenta con el dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias y todos los informes de los diferentes departamentos.

De este modo, el objetivo principal es posibilitar la intervención de la administración en el ámbito de la vivienda libre, con medidas tanto de policía como incentivadoras y velar por la puesta a disposición de la ciudadanía más necesitada de todas las viviendas deshabitadas.

Con esta medida, se cumplirá con la función social de la propiedad, y en aplicación de los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad, y por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española, el derecho a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas empadronadas en alguno de los municipios de Canarias.

Por otro lado, la tramitación se inició, con carácter de urgencia, en el mes de mayo para asegurar el uso residencial de la vivienda y ofrecer una respuesta a las personas necesitadas de una vivienda.

Se hace especial hincapié en la urgencia de incluir en el mercado el amplio parque de vivienda desocupada y que está en manos de personas jurídicas —entidades financieras y filiales inmobiliarias—, por lo que se contempla la creación de un Registro de Viviendas desocupadas.

En segundo lugar, se permite a las administraciones canarias implementar medidas de fomento como incentivos fiscales, subvenciones entre otras, dirigidas a favorecer el uso habitacional efectivo de la vivienda y dirigidas a las personas físicas.

Y por último, se establecen medidas inspectoras y sancionadoras que hagan cumplir el deber de destinar de forma efectiva la vivienda al uso habitacional, en coherencia con la función social que debe cumplir y que afectarán principalmente a las viviendas de titularidad jurídica.

En otro orden de cosas, el anteproyecto introduce todas aquellas modificaciones de la Ley de Vivienda de Canarias donde se introducen cambios fundamentalmente relacionados con los nuevos objetivos y también algunos otros que se consideran convenientes a la vista de la experiencia derivada.

Además, se habilitan los mecanismos de información con la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas, y se sistematizan las medidas para movilizar las viviendas vacías.

Disposiciones adicionales

En este aspecto, destaca la cuarta, la cual está dedicada a la Declaración del interés social de la vivienda a efectos de expropiación forzosa del uso de viviendas.

Se trata para dar cobertura a las personas en especiales circunstancias de emergencia social. Se entenderá que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación.

Asimismo, estos expedientes expropietarios recaerán sobre las viviendas vacías, como consecuencia de un lanzamiento hipotecario, que estén en manos de las entidades financieras y será por un plazo máximo de tres años. La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar.

De esta forma, la ley contempla también la creación del Fondo Canario de Vivienda que se dotará anualmente con los presupuestos del Estado para esta materia y de la comunidad para atender los objetivos y programación del Plan de Vivienda de Canarias.

Seis meses consecutivos

Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros

Por último, quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente Ley: Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística; Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo; Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por temporadas.

Marrero ha dicho que el texto llegará al Consultivo el próximo lunes, y este organismo tendrá hasta quince días para emitir su informe, por lo que se mantiene el "compromiso" del Ejecutivo de que la ley está en vigor antes de que acabe el año.

Además, ha reconocido que el texto del anteproyecto tiene algunas modificaciones "formales" que no afectan al contenido, y ha descartado que pueda haber problemas de "inconstitucionalidad" pese a la suspensión cautelar del decreto de Andalucía, ya que "no se ha actuado contra" Navarra, que ha utilizado el mismo sistema de Canarias, un proyecto de ley.

"El objetivo de la ley es irrenunciable para el Gobierno, y es que las familias no sean desahuciadas por motivos económicos. Seguiremos adelante pase lo que pase con Andalucía, cuya solución final, en todo caso, se conocerá en breve", ha explicado.