La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón, Lucía García, ha indicado este viernes que se ha acordado con el Principado la ocupación del antiguo Palacio de Justicia de Poniente, para trasladar allí, a dos de las plantas, a los trabajadores que tenía FEVE en la estación del Humedal y al personal de Renfe-Adif, así como la sede de Gijón al Norte, mientras que en el resto del edificio estaría la Oficina de Empleo que existía ahora en la calle de Fermín Canella, y otros servicios regionales como la Oficina de Atención al Consumidor.

Así lo ha señalado la edil socialista Begoña Fernández, respecto a la respuesta dada por García en la Comisión de Urbanismo celebrada en este día. Este acuerdo aún exige una revisión del convenio firmado en su día entre el Principado y el Ayuntamiento para la construcción del Palacio de Justicia, y por el que el inmueble revertiría al Consistorio si dejaba de tener usos judiciales en un determinado plazo. Algo que se hará previsiblemente el mes próximo.

En este sentido, la concejala socialista ha visto positivo el que se haya dado una solución "con prontitud" a los usos de las antiguas dependencias judiciales, cuyo traslado al nuevo Palacio de Justicia concluyó el pasado mes de agosto. También ha explicado que la ocupación del edificio requiere la realización de obras interiores para ajustar los espacios.

En el caso de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el proyecto de soterramiento de vías ferroviarias más conocido como Plan de Vías, Fernández ha señalado que habrá que llevar el tema del traslado de la sede al Consejo de Administración, para después matizar que ya se había hablado sobre ello con anterioridad. Habría que estudiar asimismo los términos económicos por la ocupación del edificio.

Unido al Plan de Vías, ha reprochado el compromiso "mínimo" del Ministerio de Fomento, además de recriminar al Gobierno Local que no tenga ninguna actitud de exigencia para reclamar al Estado. Ha señalado, sobre el paso anunciado entre la zona de Laviada y Poniente, que tal vez al final de este mandato sea lo único que vaya a hacerse en este mandato.

Ha recalcado, también, que el traslado de los empleados de la antigua FEVE que permanecían en la estación del Humedal es imprescindible para la demolición de esta, pero también para la desafectación de los espacios ferroviarios para poder ponerlos a la venta. "Todo va muy lento", se ha quejado.

Revisión del catálogo urbanístico

Por otro lado, la concejala ha advertido que el PSOE hará un seguimiento exhaustivo de la revisión del Catálogo Urbanístico contratada por el Ayuntamiento, al sospechar que Foro busca una rebaja del nivel de protección de algunos inmuebles "sin una justificación solvente".

Fernández ha remarcado que se han sucedido problemas "serios" de obras en edificios con catalogación integral, que se han llevado a cabo sin que se ajusten al grado de protección del inmueble.

La explicación dada por la edil de Urbanismo en la Comisión de este día, es que en el Catálogo actual se dio protección integral a determinados inmuebles porque los técnicos no pudieron acceder al interior. No obstante, la propia ficha urbanística contempla que se pueda rebajar de integral a parcial la protección de los mismos si se consigue entrar y comprobar los elementos interiores de los inmuebles.

Para Fernández, si ya se contempla esta posibilidad, no es necesario contratar la revisión del Catálogo, como tampoco ve una razón el que se hayan dictado siete sentencias en contra de la catalogación de sendos edificios. Ha recalcado que siete sentencias, de las que solo se recurrió por el Ayuntamiento una, de más de 900 elementos del Catálogo, no es motivo suficiente para iniciar una revisión.

Ha reiterado que seguirán todas las decisiones que adopte el Gobierno Local en torno a este asunto, al tiempo que el PSOE pedirá sus propias valoraciones técnicas. La edil ha visto la necesidad de evitar favorecer operaciones especulativas y ha recordado que el nuevo Catálogo deberá de pasar antes de su aprobación inicial en el Pleno por la Comisión de Urbanismo, además de abrirse un periodo de información pública antes de su ratificación definitiva.