La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, exige a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que rectifique la aplicación del copago en fármacos hospitalarios, medida que afectará a más de 90.000 andaluces con graves patologías.

Asimismo, y según una nota de prensa, Sánchez Rubio muestra su preocupación sobre este nuevo copago, al ser un "obstáculo" para que los pacientes con rentas más bajas puedan asumirlo, no sólo por el coste, sino por el riesgo de que abandonen sus tratamientos, con el peligro que ello conllevaría sobre el control de la enfermedad o la propia vida de los pacientes.

Estos medicamentos son, en su mayoría, imprescindibles para la vida de los pacientes y vitales para el control de su enfermedad, tal es el caso de las enfermedades oncológicas o las infecciosas. Además, se suma al hecho de que la mayoría de estos pacientes están tomando fármacos que retiran mediante receta en las oficinas de farmacias y que están afectados por el copago que se aplica desde el 1 de julio de 2012.

Llama la atención que en esta nueva resolución se incluyen fármacos para la estimulación ovárica destinados a la reproducción asistida y un dispositivo intrauterino, con las implicaciones que eso conlleva para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Andalucía se posiciona en contra de esta medida, "por penalizar, una vez más, a los sectores más desfavorecidos" y alerta, además, del "importante coste" que supondrá para las Comunidades Autónomas la gestión administrativa de esta decisión.

Por todo ello, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales exige la "rectificación" de esta resolución, de cuya puesta en marcha Andalucía ha tenido constancia a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y que "entendemos, no se corresponde con la necesaria coordinación que debe existir entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas".

La consejera del ramo recuerda que Andalucía siempre se ha posicionado en contra del copago, y así lo ha trasladado en el seno de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por entender que es un ataque directo a la equidad del sistema y que rompe el acceso igualitario a los sistemas sanitarios y farmacéuticos.

De hecho, ya en mayo de 2012, Andalucía solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una aclaración sobre qué iba a ocurrir con aquellos tratamientos que se dispensan a los pacientes en el hospital y que podrían verse afectados también por el pago de los pacientes, tal y como de desprendía del Real Decreto Ley, y que tras la publicación de la resolución de 10 de septiembre de 2013 en el BOE, se ha materializado como una realidad.