El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán al pago de 408.637,26 euros a la Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa), actualmente Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por seis facturas impagadas de las ocho que se reclamaban.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, se estima "íntegramente" el recurso de Egmasa para que se produzca el pago de "todas las facturas reclamadas", a excepción de dos, que tenían importes de 85.141 euros para la tercera fase del ajardinamiento y adecuación de una zona anexa a la piscina y 67.535 euros para la adecuación de juegos infantiles; mientras que desestima el pago de interés especial.

"Son contratos verbales que deben calificarse de nulos por haberse llevado a cabo con vulneración de toda la normativa de selección de contratista, consignación presupuestaria, contrato escrito, fiscalización del gasto, entre otros, por lo que sólo procede para evitar enriquecimiento de la Administración y en concepto de indemnización de daños, el pago de la factura", recalca en referencia a la reclamación de intereses, tras añadir que "no procede la imposición de costas".

El recurso de Egmasa se realiza en septiembre de 2010 al existir, según señalaba, "silencio administrativo" respecto al abono de un total de nueve facturas, de las que la Justicia ha estimado seis, que se remontan hasta 2005. Así, el Consistorio habrá de abonar 63.742 euros por la ampliación y adecuación de una zona de esparcimiento anexa a la piscina; 17.511 euros por trabajos para la ejecución de una fuente de la localidad; 12.343 euros por la redacción de proyectos de huertos familiares; 131.000 euros por un mirador de la petanca o 43.873 euros por la puesta apunto de la piscina en la campaña 2006, aunque considera su ejecución "defectuosa" y que sólo se ha ejecutado algo más de la mitad.

Asimismo, las facturas rechazadas responden a que en el caso de la tercera parte de la obra de adecuación de una zona anexa a la piscina estima "acreditado" que Egmasa renunció a la ejecución de la obra, mientras que en la que afecta a los juegos infantiles, se apunta a que provenía de un contrato verbal y que no cuenta con presupuesto aceptado, además de que existe "la declaración testifical del arquitecto técnico que certifica un acuerdo verbal para compensar las partidas no ejecutadas o realizadas por menor importe".