El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales ha dictado un auto por el que se abre juicio oral contra el exalcalde de Castro Urdiales, Rufino Díaz Helguera, por un delito continuado de prevaricación administrativa.

El titular del Juzgado nº 2 concluyó la instrucción del procedimiento hallando indicios de delito contra Díaz Helguera, por lo que solicitó al Ministerio Fiscal que, si así lo estimaba, formalizase la acusación contra el exedil.

Una vez que el Ministerio Público ha presentado su escrito de calificación provisional solicitando una condena de diez años de inhabilitación —por tanto, existiendo ya una acusación formal— el juez dicta ahora el auto por el que se abre juicio oral.

A continuación, será la representación legal del exalcalde castreño la que debe presentar un escrito de defensa y, seguidamente, se remitirá todo el procedimiento a los juzgados de lo Penal de Santander para su enjuiciamiento.

En el auto de Juzgado, fechado el 10 de septiembre, en el que se acuerda la apertura de juicio oral, se señala que no procede la adopción de medidas cautelares ni fianza, y se declara órgano competente para el fallo de esta causa al Juzgado de lo Penal de Santander.

El juez Luis Acayro comparte la valoración del fiscal de la existencia de más de 700 advertencias documentadas sobre las ilegalidades que se estaban cometiendo al fraccionar la contratación de determinados suministros y servicios realizadas por parte del interventor municipal al acusado en su condición de alcalde, una situación que se prolongó durante más de cinco años.

También se remite al "caso omiso reiterado" por parte de Díaz Helguera de ordenar la incoación del preceptivo expediente y de seguir ordenando el pago de las facturas de las contrataciones fraccionadas, lo que "corroboraría" las ilegalidades cometidas por el exalcalde.

Además, "numerosas" declaraciones de testigos le incriminan y existe "abundante documentación" al respecto. Todo ello constituye para el juez "indicios racionales de criminalidad" contra el exalcalde.

Acayro también señala en el auto que procesalmente se han garantizado los derechos del acusado así como del perjudicado, en este caso, Ayuntamiento de Castro Urdiales, que se ha apartado voluntariamente del procedimiento.