El Gobierno holandés se suma a una tendencia que ya es de ámbito internacional y va a ofrecer permisos temporales de residencia a ciudadanos extranjeros dispuestos a invertir más de 1,25 millones de euros en empresas del país con el fin de impulsar la economía.

La medida entrará en vigor el 1 de octubre y los permisos concedidos tendrán validez por un año, según ha explicado el secretario de Estado de Justicia, Fred Teeven, en declaraciones recogidas por la agencia ANP.

El Ministerio de Economía será el encargado de analizar las solicitudes para valorar si ofrecen un valor añadido para el país, como la creación de puestos de trabajo.

Además, Holanda tiene previsto estudiar en profundidad el origen del dinero que los interesados estén dispuestos a invertir con el fin de asegurar que el mecanismo no se utiliza para el blanqueo de dinero.

Según Teeven, el Gobierno espera varios centenares de solicitudes bajo este sistema, que ya utilizan otros países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Portugal, Francia e Irlanda.

Holanda ha registrado un aumento constante del paro en los últimos meses, que según las previsiones no se detendrá el año próximo, cuando se espera que el desempleo afecte a un 7,5 % de la población activa.

La difícil coyuntura económica ha obligado al Gobierno a anunciar repetidos recortes con el fin de controlar el déficit público, que según los últimos pronósticos alcanzará en 2014 el 3,3 % del PIB.

En España, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que entre otras medidas contempla facilitar la concesión de visados y autorizaciones de residencia a extranjeros que inviertan por un valor igual o superior a 2 millones de euros en deuda pública. También tendrán ese beneficio quienes inviertan por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones, participaciones sociales de empresas españolas o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

Para obtener el permiso de residencia, lo que no incluye otros permisos como el de trabajo, también se podrá adquirir bienes inmuebles por valor de 500.000 euros o más. Sin embargo estas medidas incluyen los preceptivos controles de antecedentes penales y tampoco dan derecho al uso de los servicios públicos como la sanida.