Unión Progreso y Democracia (UPyD) se suma a la tramitación urgente de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón, bajo la iniciativa de Izquierda Unida y la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para que se depuren responsabilidades en el "escándalo" del caso Plaza, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Desde UPyD se ha solicitado que se aplique la ley de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial en el caso de Plaza, puesto que, "se siguen obviando" los informes de auditoría, los del Tribunal de Cuentas o de la Cámara de Cuentas de Aragón que plantean irregularidades administrativas sobre la gestión de esta empresa pública, cuyo capital mayoritario es del Gobierno de Aragón.

Por ello, esta formación política se exige dicha investigación parlamentaria respetando el objetivo de la ley, que exige que las sociedades mercantiles autonómicas actúen bajo los principios de "legalidad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y servicio al interés general".

Plaza impúdica

"El dinero invertido en Plaza es de los ciudadanos y ellos son los merecedores de que se les de toda la información de lo ocurrido", ha afirmado el coordinador de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, quien ha calificado de "increíble" que el consejero delegado o los miembros del consejo de administración no se manifestaran "ante semejante despropósito económico que comenzó por triplicar el presupuesto inicial destinado a las obras, que pasó de 54,6 millones inicialmente licitados a 238 millones".

El "escándalo" de Plaza, que UPyD califica de "impúdico" y que ha sido revelado por dos trabajadores de la empresa que denunciaron irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción, "necesita solucionarse depurando responsabilidades políticas y aplicando una serie de medidas que permitan a los ciudadanos".

Entre estas medidas han citado el acceder a informaciones referentes a los altos cargos de las empresas públicas, desde sus declaraciones de bienes hasta sus derechos patrimoniales.

UPyD también se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa de implantar un sistema por el que se cree un organismo de la Administración que recoja cualquier denuncia de los trabajadores de una empresa pública ante cualquier caso de corrupción, garantizándole al mismo tiempo la ausencia de represalias futuras.

Finalmente, esta formación ha incidido en la transparencia, para que todos los ciudadanos puedan conocer a qué se destina el dinero público, algo que hasta el momento "es difícil de saber con la ley que, aprobada por el Partido Popular y las formaciones nacionalistas, contó con el rechazo de UPyD por no respetar los convenios internacionales firmados por España en asuntos de corrupción".