Uno de cada 10 españoles conoce a alguien que practica turismo sexual infantil

Esta es una de las principales conclusiones del estudio (pdf) , que forma parte de la campaña de Unicef "No hay Excusas", para promover la lucha contra la explotación sexual infantil.

El estudio, elaborado sobre una muestra de 1.200 personas, fue presentado por el responsable de los derechos de la infancia de Unicef, Gabriel González-Bueno.

Según este informe, la sociedad española cree que la explotación sexual infantil es un fenómeno generalizado en los países subdesarrollados (el 90% de los encuestados).

Además, el 22,4 % de los entrevistados cree que todos o la mayoría de los españoles que viajan a este tipo de países lo hace en busca de sexo con menores.

Lo peor es que el 10 % de los encuestados conoce a alguien o ha oído hablar de alguien que ha viajado a estos países para realizar este tipo de prácticas, explicó González-Bueno.

Aunque la mayoría de los encuestados rechaza este tipo de prácticas aún hay personas que piensan que, aunque este tipo de abusos a menores son "detestables", el dinero que reciben estos niños puede ayudar a sus familias (5 % de los entrevistados).

Según González-Bueno, aunque la mayor parte de los explotadores son varones de entre 40 y 60 años, no se puede hablar de un perfil concreto porque la mayoría de quienes practican este tipo de turismo son "explotadores ocasionales", "personas que no son pederastas pero que ven este tipo de prácticas como una aventura exótica".

Penas de cárcel para los turistas pedófilos

El responsable de los derechos de la infancia de Unicef explicó, no obstante, que hasta ahora, el Código Penal no establecía penas de cárcel para los clientes de turismo sexual infantil, sino sólo para los que promueven la explotación sexual, es decir, los proxenetas.

Sin embargo, el pasado 15 de diciembre, el Gobierno aprobó la última reforma del Código Penal que impone sanciones expresas para este tipo de clientes con penas de cárcel de 1 a 5 años y una multa de 12 a 24 meses.

Este endurecimiento del Código Penal puede ser muy útil para luchar contra la explotación infantil, aunque "lo más valioso" sería que la gente denunciase a los clientes, subrayó González-Bueno.

Además, valoró que estos países (especialmente de Centroamérica, el Caribe y el sudeste asiático) descubren "poco a poco" que este tipo de prácticas "no favorece su imagen y son menos permisivos con los clientes y los proxenetas".

Código de Conductas

Las empresas relacionadas con este sector están cada vez más concienciadas.

Por ello, cadenas hoteleras como Barceló o Sol Meliá ya han suscrito el Código de Conducta de la ECPAT (del inglés, Final de la Prostitución Infantil, Pornografía y Tráfico de Niños con Propósitos Sexuales), Unicef y la Organización Mundial del Turismo.

Con este acuerdo se comprometen a formar a sus empleados contra la explotación infantil o a incluir una cláusula en los contratos en la que declaren su rechazo a este tipo de abusos.

La opinión de dos expertos en la atención a la infancia

Victoria Noguerol, psicóloga: "El menor sufre secuelas irreversibles"

Aunque tenemos la experiencia del Tercer Mundo, donde las niñas son usadas en la prostitución o el abuso sexual, en España ocurre lo mismo a otros niveles, sin ese grado de masificación. Aquí tenemos menores usados como modelos pornográficos u objeto de prostitución por redes de personas de niveles culturales muy altos.

Ocurra donde ocurra, el uso de un menor como un objeto sexual deja en él secuelas irreversibles. Nuestra experiencia con víctimas y agresores nos demuestra que sin intervención psicológica, esta vivencia degenera en intentos de suicidio, depresiones crónicas, trastornos disociativos de la personalidad, etc.

Por ejemplo, en el 96% de los casos, las víctimas de trastornos disociativos han tenido severísimas experiencias de malos tratos durante su infancia.

G.Cánovas, presidente de ACPI y Protégeles: "Son sus vecinos"

La inmensa mayoría de los explotadores sexuales de menores en el Tercer Mundo son sus vecinos. Aunque es igual de execrable, el porcentaje de extranjeros es mínimo.

En la Asociación Contra la Pornografía Infantil (ACPI) creemos que la solución pasa por dotar de recursos a las familias, así como la sensibilización y presión a los gobiernos de estos países para que adopten medidas de protección a la infancia. En Tailandia se hizo así y está funcionando.