La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha pronunciado este jueves sobre el anteproyecto de ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y ha indicado que es "una copia" de la ley que presentó la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, tras presidir una reunión de coordinación con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz, Crespo ha destacado que la ley sobre esta materia a nivel nacional "tiene ya unas posibilidades de negociación y de cláusulas abusivas", indicando además que "ya hay una regulación a nivel nacional".

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno central "ya ha dado ese paso", ya que esta ley "pone de manifiesto una serie de protecciones a las personas que tienen una hipoteca".

Preguntada por si cree que esta ley va a ser recurrida por el Gobierno, como hizo con la presentada por la Comunidad de Madrid, no se ha aventurado al respecto, ya que el Ejecutivo "tiene que valorar si la normativa tiene algo de inconstitucional o no", ha añadido.

Función social de la vivienda

Por otro lado, se ha referido al anuncio del PP-A de que votará en contra de la futura Ley de función social de la vivienda, cuyo debate final se producirá la próxima semana en el Pleno del Parlamento, y ha remarcado que esta normativa "no suma nada".

A su vez, ha destacado que esta normativa crea "una inseguridad jurídica" que el Gobierno ha valorado, que "pone en un sistema de indefensión a las personas que son susceptibles de ser desahuciadas".

Por último, ha subrayado que esta ley la valorará el Tribunal Constitucional, no obstante ha remarcado que a nivel europeo han incidido en "la inseguridad jurídica que crea esta norma, no solamente a las entidades bancarias, que es lo que menos nos preocupa en este momento, sino para las personas que tienen posibilidades de ser desahuciadas con dificultades económicas muy importantes".