La alcaldesa de Aguadulce (Sevilla), Isabel Ortiz (PSOE), ha negado este jueves que su condena por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, dictada en 2011 y ahora ratificada por la Audiencia Provincial, responda a un caso de "corrupción". "Me condenan por dar una licencia para la ampliación de una granja de pavos", ha ironizado Isabel Ortiz, quien afronta una pena de ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa asegura que aún no le ha sido notificada la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial que, rechazando su recurso de apelación, confirma la sentencia emitida en 2011 por el Juzgado de lo Penal número cuatro condenándole a ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística. La sentencia de la Audiencia Provincial, esta vez sí, es firme.

La alcaldesa, no obstante, niega que esta condena responda a un caso de "corrupción". "Me condenan por dar una licencia para la ampliación de una granja de pavos. Aquí no hay dinero ni cosas raras", ha manifestado con sorna. Isabel Ortiz, en ese sentido, ha reconocido que, no obstante, ya piensa en el relevo, señalando que el primer teniente de alcalde, el socialista Juan Jesús García Díaz, será previsiblemente su sucesor en la Alcaldía. "Tenemos mayoría absoluta. No habrá ningún problemas porque tenemos un equipo bueno y trabajador", ha dicho sobre su relevo.

Y es que, por lo que a ella respecta, "soy una ama de casa en paro y tengo tres hijos. Tendré que buscarme las habichuelas". De cualquier manera, ha señalado los hechos por los que ha sido condenada y ha negado cualquier práctica de "corrupción".

La sentencia de la Audiencia Provincial, de cualquier modo, considera que, al conceder la licencia en cuestión, la alcaldesa era "perfectamente consciente" de que el proyecto de actuación en cuestión contravenía la disposición transitoria primera del Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de Ordenación de la Avicultura de Carne, con lo que se trataba de una licencia "claramente contraria a la legalidad urbanística".

"La alcaldesa acusada era perfectamente consciente de esa regulación, pues admite haber leído antes de otorgar la licencia los informes técnicos, que indicaban claramente la que hubiera sido la forma correcta de actuar", señala la Audiencia Provincial.