Una misión internacional de DDHH dice que los paramilitares mataron a 20 activistas en Oaxaca

  • No se trató de enfrentamientos directos.
  • El gobierno es reacio a reconocer los crímenes.

La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIDH), con sede en Bacelona, aseguró que paramilitares fueron los responsables de la muerte de 20 activistas en el conflicto de Oaxaca.

Tras varias visitas y más de 350 entrevistas a los sectores involucrados en el conflicto político social, los integrantes de la misión de derechos humanos concluyeron en que existen testimonios, datos y pruebas de que los muertos registrados durante el movimiento fueron responsabilidad de estos grupos.

No hay duda de la intervención de paramilitares (aunque) el gobierno es reacio a reconocerlo

La CCIDH menciona que hubo 20 muertos mientras otras fuentes señalan que fueron entre once y 17 las víctimas mortales durante el conflicto, que se inició en mayo pasado.

El portavoz de la Comisión, Ignacio García, dijo que las muertes no fueron consecuencia de enfrentamientos armados sino por agresiones directas de estos grupos de paramilitares y parapolicías que actuaron de forma constante en contra de los maestros y activistas de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).

"De esta visión de que estos muertos se han dado en enfrentamientos armados no tenemos la más mínima prueba (...) pero no hay duda de la intervención de grupos paramilitares, el gobierno es reacio a reconocerlo", dijo.

En las conclusiones preliminares de esta ONG se asegura que en Oaxaca no existen garantías para el ejercicio de la libertad de tránsito, de expresión, de manifestación y uso del espacio público.

Señala que cuenta con documentación sobre detenciones ilegales y arbitrarias, y afirma que las corporaciones policiales de Oaxaca actuaron con abuso y trato inhumano hacia los detenidos.

Las mismas irregularidades las encontró en el proceso de defensa de los integrantes de la APPO y del magisterio, ya que los jueces y el ministerio público no respetaron el debido proceso jurídico.

La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos entregará en los próximos días al Gobierno mexicano y al Parlamento Europeo las conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

El conflicto político social, que comenzó con una protesta por demandas sindicales, se agravó después de que el gobernador del estado, Ulises Ruiz, ordenó un desalojo violento el 14 de junio del año pasado.

En respuesta, numerosas organizaciones sociales se sumaron a las protestas y formaron la APPO y exigieron la renuncia del gobernador.

Ocho meses después de que estalló este conflicto aún se registran enfrentamientos en varias escuelas de Oaxaca y se mantienen las movilizaciones para exigir la salida del gobernador Ulises Ruiz.

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