Tensión y varias incidencias. Así ha transcurrido este jueves la declaración de Antonio Lozano, exviceconsejero de Presidencia, como imputado en el caso de los ERE ante la jueza Mercedes Alaya.

Lozano comenzó a declarar sobre las 10.45 horas (con 45 minutos de retraso) y cerca de la 14.00 horas, tras contestar solo a cinco preguntas, se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

¿El motivo? El exviceconsejero ha señalado que no se estaban "respetando sus garantías".

No ha sido la única anécdota de la jornada, ya que, nada más comenzar la comparecencia, Lozano dijo estar dispuesto a hablar siempre que él "dictara" al funcionario las respuestas que debían recogerse en el acta.

La jueza sevillana accedió, pero llegó a espetarle: "si quiere declarar, declare, pero no haga teatro".

La vista, la primera que se lleva a cabo tras imputar a 20 ex altos cargos de la Junta, se ha desarrollado ante una veintena de abogados que acudieron en representación de los 116 imputados en el proceso.

Alaya imputa al que fuese número dos de Susana Díaz cuando gobernaba José Antonio Griñán dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En concreto, de haber aprobado 12 expedientes de modificación presupuestariaentre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros. Y por haber sido "conocedor y partícipe" del sistema ideado en torno a las transferencias de financiación.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna medida, mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias han pedido una fianza de responsabilidad civil de 76 millones de euros.

Asimismo, la Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez contra el auto de imputación en esta causa y ha defendido la "legalidad" de ee documento.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla solicitará su personación en la causa de la operación Madeja.