El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) se ha adjudicado, por algo más de un millón de euros, los derechos de la concesión administrativa que la conservera Bernardo Alfageme, en proceso de liquidación, tiene en la Avenida Beiramar.

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acogido este jueves la subasta, donde el Igape se ha hecho con la concesión por 1.060.046,05 euros, lo que supone superar en 50 céntimos el 70 por ciento del valor de salida —que era de 1,5 millones de euros— y evitando de esta forma que la convocatoria quedase desierta, pues no hubo otros postores.

El terreno, ubicado en la Avenida Beiramar y que da al mar, está situado enfrente de la fábrica de Alfageme y tiene 5.026 metros cuadrados de superficie. Esta concesión administrativa portuaria alberga dos naves y una rampa y su valor en el inventario era el doble del precio de salida en la puja, es decir, ascendía a los 3 millones.

Una vez celebrada la subasta, se abre un plazo de 20 días para la posible cesión a terceros por parte de la adjudicataria.

Otras subastas

Ésta no es la única subasta de bienes y derechos de Bernardo Alfageme, que se encuentra en fase de liquidación tras no lograr superar el concurso de acreedores. Así, en diciembre de 2012 la Xunta —también a través del Igape—, se adjudicó las plantas de Ribadumia y Vilaxoán y la marca Miau por 785.000 euros, el 75 por ciento del precio de salida, que era de 900.000 euros.

En este caso, una empresa vasca se había interesado por la marca, pero ninguna por las plantas y, así, finalmente el Igape se hizo con los derechos de la marca y con las factorías de Ribadumia y Vilaxoán.

Además, se celebró una subasta de maquinaria que se adjudicó una empresa de Murcia y, el pasado mes de julio, una notaría de Nigrán acogió otra puja de un lote de marcas con las que se hizo la riojana Conservas Celorrio.

EXTRABAJADORES

Extrabajadores de la factoría de Vigo se acercaron hasta el Juzgado Mercantil a fin de conocer el resultado de la subasta de este jueves, y a donde acudió también Gustavo Lago, hijo del propietario de Promalar —que en su día adquirió la conservera—, Juan Lago.

Según fuentes de los exempleados, la deuda con la plantilla de toda la empresa —no solo del centro de Vigo— asciende a entre 6 y 7 millones de euros en concepto de indemnizaciones y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ya que por el momento solo han cobrado la parte del Fogasa.

Además, los extrabajadores recuerdan que todavía están pendientes de subasta los terrenos de la fábrica de Vigo, actualmente desmantelada por dentro —la maquinaria ya fue vendida— y cuyo solar, en la calle Tomás Alonso, podría tener una valoración de 30 millones de euros.