El PP-A votará en contra de la futura Ley de función social de la vivienda, cuyo debate final se producirá la próxima semana en el Pleno del Parlamento, y ha augurado que también acabará siendo recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional porque tiene los mismos trazos de "inconstitucionalidad" que el anterior decreto sobre la misma materia y que fue recurrido.

En rueda de prensa, la secretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos del PP-A, Alicia Martínez, ha manifestado que en su día, el grupo popular se abstuvo en la votación del decreto ley de función social de la vivienda, porque su voluntad era el diálogo y hacer aportaciones a la futura ley. Sin embargo, ahora rechazarán la norma porque no se ha aceptado ni una sola de sus 82 enmiendas al texto legislativo, que solo está planteado para la "confrontación" y de "cara a la galería", porque no resuelve en absoluto el problema de los desahucios.

Martínez ha indicado que el PP-A, con sus enmiendas, pretendía garantizar una ley "plenamente constitucional", pero no ha sido así, con lo que, "probablemente" sea también recurrida por el Gobierno de la Nación en el TC.

Para la dirigente popular, si la voluntad de consenso y diálogo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, fuera verdad, se retiraría la ley de función social de la vivienda que se someterá al Pleno la próxima semana, para lograr que sea "plenamente constitucional".

Sin embargo, como se trata de una norma "de IU" y Díaz está "presa del bipartito", según Martínez, acabará aprobándose una ley con las "mismas dudas" de constitucionalidad que el anterior decreto.

Para Alicia Martínez, es preocupante que el Gobierno andaluz no solo haga "mal" las leyes, sino que además derogue ayudas (como las de rehabilitación funcional de vivienda) y no apruebe el nuevo plan andaluz de la vivienda que la consejera andaluza del ramo, Elena Cortés, anunció que estaría el pasado mes de abril.

En cambio, según la dirigente del PP-A, el Gobierno de la nación sí ha aprobado un plan estatal de la vivienda 2013-2016 que destinará a Andalucía 414 millones de euros, el 17,1 por ciento del total, con lo que ésta será la comunidad más beneficiada. Ha apuntado que si Andalucía contará con su propio plan de vivienda, el Ejecutivo nacional confinanciaría el 30 por ciento de lo presupuestado por la comunidad.

Ha lamentado que el Gobierno de Díaz, en lugar de poner sobre la mesa un nuevo plan andaluz de vivienda, presente leyes que "rebasan los límites de la constitucionalidad", como también ocurre con la relativa a protección de los consumidores ante contrataciones hipotecarias.

Ha señalado que el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, no ha tenido "pudor" en presentar esa norma para "castigar a los bancos", cuando él se "benefició de un trato preferente por parte de una entidad financiera al quedarse con una vivienda de un desahuciado".

En su opinión, esa nueva norma es una "provocación, rebasa los límites de la constitucionalidad" y está basada en la "confrontación y la mentira", mientras que lo único que busca es un "alto rendimiento político y electoral" para IULV-CA.

Se ha mostrado convencida de que no es una norma para resolver los problemas actuales de los ciudadanos y ha recordado que la Junta no ha hecho nada frente al problema de los desahucios, porque desde 2008 a 2011, se produjeron más de 63.000 en Andalucía.

En cualquier caso, Alicia Martínez ha indicado que el PP-A hará propuestas a ese nuevo proyecto de ley una vez que inicie su tramitación en el Parlamento, para que realmente sea una norma útil para los ciudadanos y plenamente constitucional.