La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado este jueves a declarar como imputado al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña, quien ha solicitado la suspensión de la misma en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Sevilla no resuelva su recurso contra el auto donde la juez Mercedes Alaya le imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos.

Con anterioridad a la comparecencia, la instructora deberá resolver la petición de suspensión planteada por el letrado de Lozano, José María Mohedano, quien considera que, de no estimarse su petición, "se frustraría y haría ilusorio el efecto de una eventual estimación" del recurso "que vaciaría de contenido el objeto" del mismo.

De igual modo, el abogado del imputado ha pedido a la juez instructora que eleve a la Audiencia "sin ninguna nueva dilación" el recurso contra el auto de imputación, presentado el pasado 19 de julio, todo ello para que la declaración "se realice a la mayor brevedad sin que pueda producirse indefensión ni vulneración del derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales y con todas las garantías".

El auto de imputación

En un auto dictado el pasado 28 de junio, la juez imputó a Lozano junto a otros 19 exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, quien también ha sido citada a declarar para el próximo día 8 de octubre.

En dicho auto, la instructora señaló que Álvarez "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia".

A continuación, la magistrada señala que durante la época de Magdalena Álvarez, concretamente entre 2000 y 2004, "se creó" en su Consejería la Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General, situándose al frente a la Secretaría referida Antonio Estepa y como director de Presupuestos el exviceconsejero de Presidencia.

A juicio de la juez, ambos "tendrían una importante intervención en las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la comunidad autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L", conocido como "fondo de reptiles".