La expresidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y el exalcalde de Getafe Pedro Castro serán llamados a declarar, previsiblemente a finales de noviembre, como testigos del juicio que arrancó este lunes por la supuesta estafa de la gestora de vivienda PSG, según han indicado los abogados de las partes implicadas.

La defensa del principal acusado, David Moreno Pingarrón, el administrador único de la gestora PSG, ha considerado que la quiebra económica pudo haberse resuelto si hubiera habido "voluntad política" por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, algunos de los afectados han rechazado esto argumento y señalan que el dinero de los cooperativistas se lo dieron a Pingarrón "y no a ningún político". Por eso consideran que es un caso "claro" de estafa y calculan que los acusados se llevaron casi 30 millones de euros en total.

En el primer día del juicio oral -que durará hasta bien entrado el invierno-, además de las cuestiones previas, ha declarado Luis María Gallego Sanz, asesor jurídico de los cooperativistas desde 2008, cuando ya se comenzaron a detectar problemas en esas promociones de viviendas.

Ha comentado que mantuvieron una reunión ese año con Aguirre y varios consejeros para dar una solución a los cooperativistas presuntamente estafados.

La expresidenta se había comprometido a recibirles durante un mitin en 2007 en Getafe. "Luego mantuvimos reuniones con el Ivima pero no pudieron hacer nada porque la gestora no tenía verdaderamente el suelo que decía", ha señalado.

En este sentido, Gallego ha declarado que comprobó que no había tanto suelo, y por lo tanto de viviendas, como el que había prometido la gestora PSG a los cooperativistas; que los terrenos estaban "hipotecados", cosa que no fue comunicada; que la gestora "había cobrado todos los honorario sin haber tomado ningún tipo de actuación"; y que la cobertura de las pólizas era "ficticia".

"Vi que había unos cargos financieros de 600.000 euros, lo que me pareció más que excesivo", ha añadido el que fuera asesor financiero de los cooperativas, que ha criticado que las fincas no tuvieran ni siquiera referencia catastral ni que se hubiera hecho un estudio topográfico de las mismas.

PSG gestionó las cooperativas 'Getafe capital del sur' y 'Getafe cuna de la aviación española', cuyos 1.800 socios desembolsaron hace ocho años entre 25.000 y 30.000 euros cada uno por unas viviendas en el desarrollo urbanístico Los Molinos-Buenavista, que no se construyeron, pero tampoco recuperaron el dinero invertido.

La gestora de cooperativas compró suelo en esta zona pero un consorcio urbanístico formado por el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid lo expropió y sacó a concurso, ya que este era el sistema aprobado en el PGOU para este desarrollo.

El Ayuntamiento de Getafe aprobó en mayo de 2012 una declaración condenando "los hechos perpetrados por PSG" y su administrador, pero también solicitaron a la aseguradora HCC Europe que devuelva a cada uno de los afectados el dinero que depositaron en las cooperativas gestionadas por PSG, en virtud de la póliza que aseguraba que las cantidades aportadas por los socios cooperativistas iban destinadas a la construcción de su vivienda "ya que, hasta la fecha, se niega a cumplir con la cobertura del siniestro".

Según han señalado algunos de los afectados a los medios, el 80% ha cobrado indemnización de la aseguradora por la vía civil. Ahora quieren que Pingarrón responda por la vía penal. Así, ahora se enfrenta a seis años y seis meses de prisión por apropiación indebida y otros tres años por un delito societario, junto con la inhabilitación especial y una multa de 20 meses.