El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha mostrado su "escepticismo" ante los retos que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, señaló en su discurso de investidura, al tiempo que ha reprochado la política del "rodillo" seguida por "gobiernos anteriores" y ha reclamado una carga equitativa en los "recortes" salariales.

En una carta remitida por el sindicatos este pasado lunes a la presidenta del Ejecutivo andaluz, a la que tuvo acceso Europa Press, el SAF trasmite su "más sincera y leal colaboración en los asuntos comunes", como es "la preocupación y ocupación por las personas que conforman el colectivo de funcionarios de la administración general de la comunidad. En este mismo sentido, le traslada "los mejores deseos de acierto en los importantes desafío que habrá de afrontar en pro de todos aquellos que forman parte de Andalucía".

Si bien, según señala el sindicato en la misiva, el "esceptismo" viene avalado por "la labor de sus predecesores en el cargo", que ha supuesto, "en las más de las ocasiones, un jarro de agua fría en las ilusiones y esperanzas de lograr un espacio común de entendimiento, para lograr el salto definitivo de calidad que tanto se hace esperar".

En esta línea, el SAF ha criticado "la falta de consideración" a los servidores públicos, "incapacidad de diálogo" con los representantes de los trabajadores, la "incompetencia en la solución de los problemas que atañen a la Administración de la Comunidad Autónoma", sobre todo, apunta, en la "Administración paralela", caracterizada por la "usurpación de funciones", además de reprochar la prepotencia para dirigir al colectivo de funcionarios.

De igual manera, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha mandando a la presidenta del Gobierno andaluz una serie de cuestiones que "tras diez años de andadura sindical, han quedado pendientes, como es "el respeto máximo" hacia el colectivo de funcionarios públicos, una equitativa carga en los "recortes" salariales, el cese en la forma de gobierno a través del Decreto-Ley, reconsiderar la derogación "inmediata" de la Ley 1/2011 calificada como "Ley del enchufismo", el cumplimiento "escrupuloso" de la normativa vigente y el acatamiento de las sentencias judiciales.

Por último, el SAF reclama la transparencia "absoluta" en la materia de personal y una "verdadera" política en materia de prevención de riesgos laborales", así como un respeto a la conciliación familiar y laboral y la aplicación de los principios constitucionales a la hora de seleccionar a los ciudadanos andaluces para formar parte de la administración pública.