La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, han mantenido este viernes un encuentro institucional que ha servido para que el segundo haya solicitado cooperación de la primera en determinados asuntos en los que la oficina autonómica ha iniciado actuaciones y que son de competencia estatal.

Entre ellas, según ha señalado Maeztu a los periodistas, destacan el "grave" problema que tienen unas 8.000 familias que sufren el retraso en el pago de hasta 57 millones por expropiaciones de sus fincas en procesos competencia de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, con más de 2.000 ya hechas y otras tantas pendientes.

Por otro lado, también ha aludido a la posibilidad de que aquellas asociaciones de carácter ecologista, "sin ánimo de lucro", que realizan actuaciones relacionadas con la protección del litoral y el medio ambiente andaluz puedan colaborar con ello quedando exentas del pago de tasas judiciales, ya que este extremo les puede "impedir" ejercer dicha protección, una opción que la propia Becerril ha calificado de "interesante".

Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha citado otras problemáticas como la imposibilidad de ingreso de nuevas personas en el sistema de la Ley de Dependencia, con 900 quejas; situaciones de presos con enfermedades graves que necesitan asistencia humanitaria; conflictos vinculados con la factura del suministro eléctrico; o mediaciones con entidades privadas como bancos por casos de preferentes, desahucios o cláusulas suelo.

Todo ello, ha agregado, sin perjuicio de seguir colaborando, en base a unas relaciones que ha calificado de "magníficas", en cuestiones que ambas Defensorías llevan de manera conjunta, como urgencias hospitalarias o duplicidad de quejas.

Por su parte, la Defensora del Pueblo ha dado cuenta de su visita al centro penitenciario Sevilla-I, dentro de las actuaciones habituales del organismo, que a finales de año remite un informe a las Cortes Generales sobre la situación de las cárceles y hace recomendaciones al Ministerio del Interior —relacionadas con aspectos humanitarios, en busca de que se cumplan las condiciones necesarias para un trato "digno, suficiente y justo"— en función de lo observado.