La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado su predisposición a mantener en próximas fechas una reunión con representantes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que le han elevado una queja por el Acuerdo Marco de Alternativas Terapéuticas Equivalentes presentado por la Junta de Andalucía y donde se incluyen medicamentos oncológicos, al verlo "radicalmente contrario" a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y "discrimina gravemente" a los pacientes andaluces.

En declaraciones a los periodistas, Becerril ha incidido en el "desacuerdo" mostrado por estos profesionales con los criterios con que se suministra una medicación y no otra, razón por la cual ha precisado que se reunirá con el colectivo "para analizar y hacer, si procede, una sugerencia o recomendación al Gobierno andaluz".

Cabe precisar que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) en Andalucía ha dictado una resolución en la que se acuerda adoptar la medida provisional de suspensión solicitada por una docena de empresas y asociaciones —Baxter, Amgen, Biogen, Merck, Farmaindustria, Asebio, Roche, BMS, Novartis, Fedhemo e Ipsen— en relación al procedimiento de adjudicación del acuerdo.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se concluye que la continuación del procedimiento de adjudicación "podría dificultar el cumplimiento, o la puesta en práctica de un modo útil, de una eventual resolución estimatoria de los recursos interpuestos", dado que si siguiera la tramitación podría llegar a formalizarse el acuerdo e iniciarse su ejecución, y una eventual estimación del recurso obligaría a retrotraer las actuaciones.

Ello podría provocar la posible interrupción del tratamiento para los pacientes a quienes se estuvieran dispensando los principios activos que se pretenden seleccionar a través de la adjudicación del acuerdo marco. Por contra, la suspensión no tiene por qué suponer un retraso considerable en la adjudicación del contrato ni causa perjuicio grave a los restantes licitadores, sin ningún derecho adquirido en el proceso.

Por su parte, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta ha aclarado que la suspensión cautelar "no va en contra del procedimiento", explicando que el TARC andaluz aún no ha entrado en el análisis de los recursos interpuestos contra esta medida, por lo que la decisión tomada por el tribunal tiene por finalidad poder analizar con "más detenimiento" los recursos interpuestos.