El Consejo de Administración de la empresa mixta GESI-9, de la que forma parte el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, ha pedido formalmente al Consistorio alcalareño 2,5 millones de euros.

La responsable 'popular', María del Carmen Rodríguez Hornillo, ha presentado una propuesta para el Pleno Municipal del próximo día 19 de septiembre, en la que exige al gobierno de Gutiérrez Limones "la formación de una comisión de investigación que esclarezca todo lo relacionado con la sociedad urbanística GESI-9".

El capital social de esta sociedad, creada a iniciativa municipal en 2005, se basó en la incorporación de unos terrenos expropiados a 'Cementos Portland Valderrivas' por un valor de 17.495.520 euros, y desde entonces, "no ha vuelto a facilitar información alguna al resto de fuerzas políticas municipales".

En el mismo Pleno en el que se dio cuenta de la creación de la empresa, la sociedad municipal vendió a la empresa privada 'Fomento de Construcciones y Contratas S.A.' (FCC) la mayoría de las acciones, perdiendo de esta manera el control efectivo y posición decisiva dentro de la sociedad, "algo que va radicalmente en contra de lo expresamente recogido en la Ley 7/2002 de la Ordenación urbanística de Andalucía en su art. 90.3.b.", han manifestado los 'populares'.

Según el PP, "desde que el gobierno de Gutiérrez Limones organizó esta gigantesca operación urbanística, jamás ha permitido participar al resto de grupos políticos, escapando con ello al control de la administración pública municipal". Hornillo ha añadido que "únicamente el alcalde y su lugarteniente, el delegado de Urbanismo, Rafael Chacón, han sido los únicos en saber qué se hace con el dinero público invertido en la sociedad".

Los 'populares' han señalado que, al mismo tiempo que se creó la sociedad mixta GESI-9, se creó otra, ya de carácter totalmente privado, llamada

Urbanir mediterránea 21 S.L., cuya actividad en exclusiva es la gestión, promoción y venta de suelos y naves industriales que se desarrollen en los terrenos de GESI-9.

Además, el PP ha asegurado que, según compradores de estas naves, promovidas por URBANIR, a la firma del contrato "existía una cláusula de confidencialidad que los compradores debían entregar en el Complejo Ideal", otra de las empresas municipales.

Para los 'populares' se trata de "todo un entramado urbanístico que ahora le ha estallado al alcalde en las manos". Con la propuesta de la comisión de investigación, el PP pretende que "se conozcan todas las operaciones que se han fraguado a espaldas de los ciudadanos".