El alcalde de Fines declara el 14 de octubre como imputado en dos causas por presunta prevaricación

El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, deberá comparecer en octubre ante el Juzgado de Instrucción Único de Purchena para declarar en calidad de imputado en las dos causas por las que se le imputa la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda a una mercantil en la que figura como administrador su hermano, y la construcción de una plaza en un espacio calificado en la normativa urbanística como zona verde.

El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, deberá comparecer en octubre ante el Juzgado de Instrucción Único de Purchena para declarar en calidad de imputado en las dos causas por las que se le imputa la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda a una mercantil en la que figura como administrador su hermano, y la construcción de una plaza en un espacio calificado en la normativa urbanística como zona verde.

Sánchez (PP) estaba citado para este viernes y para el próximo lunes aunque, finalmente, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas y publica el diario 'Ideal', el juzgado ha resuelto aplazar su declaración al 14 de octubre para que dé explicaciones en ambas causas incoadas a raíz de las denuncias interpuestas contra él por la Fiscalía Provincial de Almería ya que EL titular del órgano e instructor se encuentra de vacaciones.

En uno de los procedimientos, el Ministerio Público consideró, tras el estudio de la querella interpuesta por el grupo municipal del PSOE, que existían "indicios suficientes" de que pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda a un precio "sobrevalorado" a una mercantil de la que es "administrador su hermano".

Indicaba que el Ayuntamiento de Fines adquirió el 28 de enero de 2008 a la mercantil 'Cars Rodrigo SL', "de la que el propio alcalde podría ser socio" y de la que era administrador su hermano, una vivienda a un precio que podría estar "sobrevalorado". En la querella del PSOE se recogía que el inmueble fue "comprado por 24.000 euros" por la mercantil en agosto de 2008 y vendido al Consistorio por "72.000 euros".

El decreto recogía, asimismo, que podría constituir prevaricación el hecho de que Sánchez "contratase a un arquitecto técnico particular de forma verbal, sin que conste expediente administrativo y presidiendo del asesoramiento que, para estas y otras materias, debe de realizar al Ayuntamiento y la Diputación Provincial" para, según añade, "asegurar los principios de objetividad e imparcialidad en la actuación administrativa".

El fiscal subrayaba que esta persona, que "podía tener algún tipo de relación con uno de los concejales del propio Ayuntamiento, fue quien emitió el informe técnico para la compra de la vivienda. Según la denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista, que apunta que el alcalde "no se ausentó" de la votación en el pleno en el que fue aprobada, la persona contratada "de forma verbal" y arquitecto es la esposa del edil delegado del Área de Deportes.

En la providencia por la que se cita al alcalde en este caso, a la que ha tenido acceso Europa Press, se le requiere que aporte toda la documentación registral para poder hacer la tasación, tal y como señala el informe pericial.

Zona verde

El otro procedimiento por el que debe declarar se presentó al considerar el Ministerio Público que podría existir un presunto delito de prevaricación en la construcción de una plaza en un espacio calificado para una zona verde y otra de equipamientos, y utilizada presuntamente por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del regidor, como terraza.

Según constaba en la denuncia del PSOE, el solar en el que se construye la obra, aprobada en pleno con los votos a favor de ocho miembros del PP y dos en contra del PSOE, corresponde según las Normas Subsidiarias del municipio a una zona verde de 900 metros cuadrados y otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados. En su escrito, los denunciantes aseguraba que la técnico municipal "refirió verbalmente que no existe ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera lugar a la modificación del uso del suelo" mientras que, por su parte, un documento interno de la institución provincial reconocía que las obras contempladas "no se ajustan a las determinaciones del planeamiento vigente".

Así, explicaban que tras paralizar las obras a requerimiento de la Diputación, posteriormente éstas se reanudaron "sin que se autorizara". La denuncia añadía que la obra desarrollada "pasaba a aprovechamiento privado para el uso de un restaurante contiguo" que pertenecía a la hermana del regidor.

En la providencia del Juzgado de Instrucción de Purchena, consultada por Europa Press, se da cuenta de que se ha recibido documentación por parte de la Dirección General de Urbanismo de la Junta andaluza, el expediente administrativo de la obra por parte del Ayuntamiento de Fines y el proyecto de obra de la Diputación Provincial de Almería, lo que suma casi un millar de documentos.

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