El Estado presentará previsiblemente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley foral que aprobó el Parlamento de Navarra para reconocer la asistencia sanitaria gratuita a todas las personas residentes en la Comunidad foral, incluidos los inmigrantes en situación irregular.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, ha explicado que Navarra y el Estado han mantenido contactos para tratar de alcanzar un acuerdo y evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no ha sido posible llegar a una postura común.

Según ha explicado Marta Vera en comisión parlamentaria a petición del PSN, el Gobierno foral ha defendido ante el Estado las competencias propias de Navarra en esta materia, mientras que la representación del Gobierno de la Nación considera que se están invadiendo competencias del Estado.

Durante su intervención, la consejera ha recordado que el Gobierno central había aprobado unos cambios en la normativa que suponían la exclusión parcial del sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular.

Por el contrario, Marta Vera ha señalado que la voluntad del Gobierno de Navarra "ha sido siempre dar cobertura al colectivo de inmigrantes", por lo que el Ejecutivo estableció un régimen de subvenciones que financiaba el cien por cien de la cuota a personas sin recursos.

Posteriormente, el Parlamento aprobó una ley foral en la que se reconocía la cobertura sanitaria a todas las personas residentes en Navarra, derogando a su vez la normativa aprobada por el Ejecutivo foral.

Para abordar esta situación, se reunió la Junta de Cooperación Navarra-Estado, en la que se acordó iniciar negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un recurso al Tribunal Constitucional.

Marta Vera ha explicado que el pasado martes se celebró una videoconferencia con grupos técnicos de Navarra y Estado y "quedó patente la imposibilidad de llegar a un acuerdo", dado que el Estado mantiene que hay invasión de competencias, y la Comunidad foral considera que está ejerciendo competencias propias.

La consejera ha destacado que "la asistencia sanitaria a los inmigrantes ha estado garantizada en todo momento" y ha destacado que el Gobierno foral ha defendido "en todo momento" que era una competencia propia de Navarra. "Vamos a seguir atendiendo igual que hasta ahora", ha destacado, para decir que la ley aprobada por el Parlamento se está cumpliendo.

Críticas de los grupos al gobierno central

El portavoz del PSN, Samuel Caro, ha afirmado que "es triste ver cómo el Estado dice que es imposible el acuerdo, porque las personas inmigrantes no van a desaparecer de la noche a la mañana y lo que se merecen de un Gobierno es que se abran las vías necesarias de acuerdo".

Por su parte, el parlamentario de UPN Antonio Pérez Prados ha destacado que en Navarra no cambió la situación para la atención a los inmigrantes irregulares pese a los cambios introducidos por el Estado y ha apoyado la postura del Gobierno de Navarra.

La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, ha criticado los múltiples recursos de inconstitucionalidad que interpone el Gobierno central contra leyes navarras. "En Navarra no podemos hacer política. Invito al PP a disolver el Parlamento foral", ha dicho.

La parlamentaria de Aralar-NaBai Asun Fernández de Garaialde ha reivindicado una "sanidad universal, gratuita y de calidad para todas las personas, por encima de la situación irregular en la que puedan estar".

El portavoz del PPN, Enrique Martín de Marcos, ha afirmado que "las discrepancias eran tan abismales que veíamos muy probable que se presentase recurso de inconstitucionalidad". En respuesta a Bildu, ha afirmado que en Navarra "en reiteradas ocasiones se aprueban leyes que saben que no van a tener viabilidad institucional, se está tratando de invadir competencias del Estado".

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha lamentado que "se ha generado una situación absurdamente complicada" pero ha reconocido que el Gobierno de Navarra "ha estado en su sitio". "La Junta de Cooperación estaba destinada al fracaso, nunca pensamos que el Estado tuviera ninguna intención de llegar a un acuerdo", ha indicado.