La juez Mercedes Alaya, que investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde, considera "claro" que del examen de la documentación intervenida en la operación 'Madeja' "podrán derivarse nuevas diligencias asociadas".

En un auto dictado el 9 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla acordó prorrogar un mes más el secreto de sumario en torno a este caso, por el que fueron detenidos en julio tanto Castaño como su mujer, la abogada Ana María Vaquero, el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y el exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de julio después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de apelación presentado por su letrado, José Manuel García-Quílez, contra el auto de prisión dictado por la juez Alaya.

En el auto, la magistrada decide prorrogar un mes más el secreto a petición del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que justifica su petición en que "por razones de índole técnico y de disponibilidad de personal no ha sido posible completar el volcado de los medios informáticos incautados hasta el pasado día 4 de septiembre", a lo que se suma que "han recibido abundante documentación requerida de diferentes organismos públicos".

"ubérrima" documentación

La juez asevera en el auto consultado por Europa Press que toda esta "ubérrima" documentación está siendo analizada "y es claro que de este examen podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de los datos que vienen extrayendo".

"Teniendo en cuenta lo anterior y que el conocimiento de lo actuado hasta la fecha por las partes personadas, así como de esas nuevas diligencias que se ordenen, podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada anulando la eficacia de la acción policial y judicial, se considera imprescindible en este momento prorrogar nuevamente el secreto de las actuaciones por plazo de un mes" a fin de "asegurar el éxito de la investigación", razona la instructora.

Al hilo, considera que la decisión de prorrogar el secreto "es totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos", punto en el que la juez insta a la Guardia Civil para que "emplee la máxima diligencia" y "complete" las diligencias de investigación que viene practicando, "dando cuenta periódica del avance de sus investigaciones".

La juez Alaya imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".

Entrega de teléfonos móviles

También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.

Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento "sospechoso" de Castaño.

A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas.

Además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó en el marco de la operación 'Madeja' a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa.