Subdelegación acata la decisión del TSJCV y velará por la seguridad de los manifestantes de la cadena humana de Vinaròs

Subdelegación del Gobierno de Castellón ha asegurado este martes que "respeta" y "acata" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha levantado la prohibición sobre la celebración este miércoles de una cadena humana convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en Vinaròs y ha recalcado que velará tanto por la seguridad de los manifestantes como para evitar problemas de seguridad ciudadana y vial.

Subdelegación del Gobierno de Castellón ha asegurado este martes que "respeta" y "acata" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha levantado la prohibición sobre la celebración este miércoles de una cadena humana convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en Vinaròs y ha recalcado que velará tanto por la seguridad de los manifestantes como para evitar problemas de seguridad ciudadana y vial.

Así lo han señalado fuentes de este departamento a Europa Press después de la decisión de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV que ha anulado la resolución de la Subdelegación de Gobierno de Castellón que prohibía la cadena humana de ACPV al considerar que el riesgo para la integridad física de los manifestantes alegado por la administración como causa de la prohibición es "mínimo" e "incluso inexistente" si se establece la "oportuna vigilancia" por parte de la Guardia Civil.

Según la Subdelegación, en este caso "respeta" y "acata" la resolución, al igual que corresponde hacer con todas las resoluciones judiciales, y ha recalcado que el subdelegado, David Barelles, en este supuesto "no podía obviar el informe de la Guardia Civil", en el que se hacía constar que la concentración prevista afectaría "gravemente al mantenimiento de la seguridad vial y ciudadana".

Fiscal coincidía

De hecho, subraya que el fundamento séptimo de la sentencia del TSJCV deja claro que el fiscal es coincidente con las tesis de la Abogacía del Estado en el sentido de considerar que la concentración generaba un riesgo para la integridad de los manifestantes que justificaba la prohibición.

No obstante, precisa que a la vista de la resolución, la subdelegación del Gobierno, como autoridad gubernativa, "velará tanto por la seguridad de los manifestantes actuando en virtud de lo solicitado" en la comunicación como para evitar problemas de seguridad ciudadana y vial.

Por ello, para la celebración de la concentración comunicada, se cortará el punto kilométrico 1.058 de la N-340 donde se prevé llevar a cabo, en el carril coincidente con el arcén donde se situará la cadena, mientras que el otro sentido se dejará como vía de emergencia.

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