El dirigente de Solidaritat Catalana (SI) y exdiputado del Parlament Alfons López Tena ha sido detenido este miércoles por la Guardia Civil en Vinaròs (Castellón) por desacato a la autoridad, tras un rifirrafe en la zona de la Via Catalana a su paso por la localidad valenciana, tras haber empujado a un sargento.

El exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil, según han informado fuentes del Ministerio del Interior y ha sido puesto en libertad posteriormente acusado de un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad. La puesta en libertad se ha producido sobre las 19.30 horas, ya que Tena y otra persona también arrestada, han solicitado la asistencia de abogado y se han negado a declarar.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) había anulado durante esta jornada la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Castellón que prohibía la cadena humana convocada para este miércoles por Acció Cultural del País Valencià en Vinaròs.

La resolución judicial se produjo a pocas horas de que una cadena de más de 400 km atravesara Cataluña de norte a sur, desde Francia hasta Castellón. El TSJCV estimó el recurso de Acció Cultural y declaró contraria a derecho la resolución de la Subdelegación del Gobierno que prohibía la cadena humana alegando motivos de seguridad. El Tribunal Superior de Justicia condena al Estado a pagar las costas del proceso.

Unas 3.000 personas formaron parte de esta 'vía valenciana' que se ha unido en la N-340 a la altura de Vinaròs (Castellón) a la cadena humana independentista convocada en Catalunya, con ocasión de la celebración de la Diada, según informaron fuentes de Acció Cultural del País Valencià, organización convocante del acto en la provincia castellonense.

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y tuvo su punto culminante a las 17.14 horas, cuando ambas cadenas se unieron tras darse la mano el artista vinarocense Carles Santos y el músico catalán Lluis Llach, que han expresado su satisfacción por participar en el acto, a los que seguían otros manifestantes conocidos con el exdirigente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira.

El secretario de ACPV, Toni Gisbert, destacó el "éxito" de participación en la convocatoria, y se felicitó por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular la prohibición de la cadena humana por parte de la Subdelegación del Gobierno, señalando que lo que planteaba el Gobierno español era "muy grave", pues era "una interpretación absolutamente restrictiva del derecho de manifestación".

En la sentencia, el TSJCV cita "doctrina consolidada" del Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al indicar que "para muchos grupos sociales el derecho de reunión es en la práctica uno de los pocos medios para expresar sus ideas y reivindicaciones".

Aunque reconoce que el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé la posibilidad de adoptar restricciones para garantizar la seguridad nacional y pública y prevenir el delito, es preciso que existan "razones fundadas", de forma que "no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos".

"Solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad", de forma que resulta insuficiente para justificar la prohibición "la mera sospecha o la simple posibilidad", añade. Tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Fiscal coincidieron en su postura al justificar la prohibición en que la concentración generaba riesgo para la integridad de los manifestantes al cortar la carretera nacional 340.

Esta prohibición estaba justificada, entre otras cuestiones, en la posibilidad de que retenciones en la circulación provocasen nerviosismo e irritación en los conductores que derivasen en alteraciones del orden público.

Al respecto, la sala señala como acreditado que la sala de coordinación interpolicial de Cataluña ha comunicado a la Guardia Civil (cuerpo que informó de forma desfavorable a la celebración de la cadena humana) que en la parte de la N-340 que discurre por Tarragona lindante a Castellón se preveían cortes de tráfico que "lógicamente supondrán una sensible reducción del tráfico en la zona en la que debe producirse la concentración".

En este sentido, concluía que "el riesgo para la integridad física de los manifestantes erigido como causa de prohibición, en la medida que es mínimo e incluso inexistente de establecerse la oportuna vigilancia por la Guardia Civil, carece de la entidad suficiente para justificarla".

La sentencia rechaza que la resolución de la Subdelegación del Gobierno en la que se prohibía la concentración fuese declarada nula, como pedía Acció Cultural, por vulnerar el procedimiento legal establecido o lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que esta entidad "ha podido acceder a la vía jurisdiccional".

El Gobierno catalán ha asegurado que era "de sentido común" la anulación. Así lo ha señalado la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, tras la reunión que han mantenido Ortega y el presidente catalán, Artur Mas, con representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

"Se ha impuesto el sentido común y el 'seny' y esto es una buena noticia", ha resaltado la vicepresidenta de la Generalitat, poco antes de desplazarse hasta Sils (Girona), tramo que ha escogido para participar en la Via Catalana que tendrá lugar por la tarde.