El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, ha suscrito un convenio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para intensificar la lucha contra la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social.

El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, ha presentado esta mañana, acompañado de la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Rosario Cuartero, los detalles de este acuerdo, que tiene como principal objetivo dotar a la comunidad de La Rioja de los recursos necesarios para potenciar y mejorar la eficacia de los mecanismos de control, así como intensificar las actuaciones como instrumento de disuasión y de reacción frente a conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales.

Erro ha subrayado la importancia de combatir la economía sumergida "porque supone deterioro de los derechos de los trabajadores, competencia desleal y reducción de los recursos de la Seguridad Social". En este sentido, ha insistido en que este nuevo convenio, que se ha suscrito con todas la comunidades, viene a reforzar la lucha contra esta lacra.

De este modo, el acuerdo permitirá la creación de una unidad o grupo mixto de trabajo especializado en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Además, hará posible también la participación y colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones de control que desarrolle la Dirección General de Formación y Empleo en materia de sus competencias.

En tercer lugar, la colaboración entre ambas instituciones facilitará la elaboración de un plan integrado de actuación inspectora en los sectores de actividad o empresas que se determinen, combinando las visitas y los controles.

Plan de lucha contra el fraude

Este convenio se enmarca dentro del Plan de Lucha contra la Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Gobierno de España en abril de 2012. Este plan contempla un amplio abanico de actuaciones dirigidas a combatir estas conductas y apuesta por la colaboración entre administraciones mediante el intercambio continuo de información y el desarrollo de actuaciones conjuntas, ha explicado Cuartero.

En 2012 se puso en marcha una campaña de detección de empresas ficticias en el marco del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. El objetivo consiste en detectar empresas sin actividad constituidas con el único fin de facilitar el acceso indebido a prestaciones o permisos de trabajo. Estas empresas falsas se centran en sectores en los que la ubicación física de la actividad es difícil de localizar como construcción, limpieza o servicios agrarios.

En el 2013 se han realizado a esta fecha 330 actuaciones en empresas ficticias (incremento del 1.122 por ciento - el año pasado fueron 27), con más de 62 infracciones detectadas y unas 390 altas anuladas (incremento de 19.400 por ciento). Por otro lado, se han detectado a 177 trabajadores sin dar de alta, lo que supone un incremento del 12,74 por ciento.

También se ha iniciado expediente sancionador a 80 empresas por ocupar a unos 196 trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo. Para finalizar, el total de expedientes liquidatorios se ha incrementado hasta agosto en un 43 por ciento, alcanzando las cifras de 7.893.181, 67 euros.