Trabajadores de Inasa dicen que la dirección siempre quiso liquidar la empresa y esperan que este caso no se repita

Una representación de trabajadores de la planta de Inasa en Irurtzun, que cerró definitivamente sus puertas el pasado mes de agosto, ha criticado que la compañía nunca tuvo "intención de negociar ninguna posibilidad de acuerdo" y han afirmado que tenía "una estrategia de desmantelamiento que estaba decidida mucho antes de 2012".

Una representación de trabajadores de la planta de Inasa en Irurtzun, que cerró definitivamente sus puertas el pasado mes de agosto, ha criticado que la compañía nunca tuvo "intención de negociar ninguna posibilidad de acuerdo" y han afirmado que tenía "una estrategia de desmantelamiento que estaba decidida mucho antes de 2012".

Los representantes de los trabajadores han afirmado en una comisión parlamentaria convocada a petición de Bildu, que lo ocurrido en Inasa "no debe volver a suceder en ningún otro sitio" y han añadido que "todos deben saber lo que ha ocurrido".

A la comisión han acudido representantes del sindicato LAB y Confederación de Cuadros. No han acudido delegados de UGT, CCOO y Solidari.

Fernando Carrión, exdelegado de LAB en la empresa, ha explicado que "en octubre de 2012, antes de concurso de acreedores, Inasa le encomendó a una empresa la subasta de la maquinaria de la planta en lotes, es decir, sin aprobar el concurso de acreedores, ya se estaba intentando subastar la maquinaria".

Así, Carrión ha indicado que Inasa "no tenía intención de negociar ninguna posibilidad de acuerdo a pesar de que se le ofreció una rebaja salarial del 30 por ciento", por el contrario, "tenía la intención manifiesta de liquidar la compañía incluso antes de proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo".

En este sentido, ha recordado que "la mayoría del comité de empresa, excepto LAB, presentó una oferta de rebaja salarial que era la mayor que se había ofrecido en Navarra, a pesar de que en ningún momento la empresa puso ningún plan de viabilidad sobre la mesa". "Pero Inasa siguió con su plan y presentó un expediente para despedir a 155 trabajadores", ha indicado.

Fernando Carrión ha afirmado además que "el Gobierno de Navarra no hizo nada a pesar de que había dicho muchas veces que estaba buscando inversores". "El Gobierno de Navarra nos dijo que no era acreedor de la compañía, y nos consta que existe una deuda que podría alcanzar el millón de euros. La consejera lo negó, pero el administrador concursal dijo que sí. Alguien no dice la verdad y se debería aclarar", ha apuntado.

Por su parte, otro de los extrabajadores que han intervenido, Pedro Mari Jiménez, ha destacado los orígenes y el valor de esta compañía.

Además, ha considerado que la consejera Lourdes Goicoechea "buscó ofertas" para facilitar la operación de compra-venta de la planta, "pero si la propiedad no quiere vender, no hay absolutamente nada que hacer". "El Gobierno se involucró en la compra y venta de la compañía, pero nos encontramos con el handicap de la banca", ha indicado.

Igualmente, ha señalado que "la judicatura no ha estado a la altura de las circunstancias, y es de reconocer que el Gobierno de Navarra se ha puesto en contacto con la judicatura, pero ésta ha hecho oídos sordos".

Finalmente, ha tomado la palabra Gaizka Uharte, responsable de LAB en Sakana, quien ha criticado que la dirección de Inasa estableció "un proceso minucioso que tenía como único objetivo la liquidación de la compañía". "La sensación es que estos especuladores se han reído a la cara de las instituciones navarras y de todo el sistema, y en todo este camino solo se han encontrado con la oposición de un grupo de trabajadores", ha apuntado.

Apoyo de la mayoría de grupos

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el portavoz de Bildu, Bikendi Barea, ha destacado que "Inasa fue durante más de 40 años una empresa única en el Estado español, hasta que en 2010 entró la empresa de capital riesgo y el resto ha sido la crónica de una muerte anunciada". "Esa empresa solamente vino a liquidar, a sacar beneficio, por encima de todo y de todos. Esto no se puede volver a repetir", ha lamentado.

Por parte de UPN, Coro Gainza ha afirmado que "la consejera tiene una sensibilidad fuerte por la zona" y ha indicado que "sí se ha implicado". "No podemos echar la culpa a la Administración, la solución no nos gusta ni a ustedes ni a nosotros", ha dicho.

El portavoz del PSN, Samuel Caro, ha expresado el "sentimiento de impotencia de que al final no se ha podido evitar el cierre de la empresa" y ha deseado que lo ocurrido "ayude para que estas cosas en lo posible no vuelvan a suceder". Ha considerado además que "el Gobierno de Navarra y el departamento de Industria han hecho lo que han podido".

Por su parte, el parlamentario de Aralar-NaBai Txentxo Jiménez ha afirmado que la dirección de la compañía tenía "un programa diseñado para romper la empresa y desmantelarla y a la parte social no se le puede pedir más". "Con todo lo que es el aparato institucional somos incapaces de impedir que vengan unos personajes de este pelo y hagan lo que han hecho", ha lamentado.

Por el contrario, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha dicho que no ve las cosas como el resto de grupos parlamentarios y les ha criticado porque "queda mejor dar la razón siempre a los trabajadores". "Es mucho más cómodo darles la razón. Creo que es de justicia escuchar a ambas partes. Para hacer un juicio exacto se tiene que oír a ambas partes", ha indicado.

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón ha respondido a la representante del PP que "puede haber empresas con dificultades y empresarios con buena voluntad hagan esfuerzos por negociar con sus trabajadores, pero este caso es el ejemplo paradigmático de unos piratas que vienen a liquidar una empresa sin escrúpulos".

Finalmente, el parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi ha afirmado que "las posibilidades económicas del Gobierno son las que son y plantearnos poner un volumen importante de dinero en una compañía requiere de un análisis muy sosegado".

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