La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) carga contra la labor de la antigua cúpula de Caja Madrid y BFA-Bankia entre 2004 y 2010, y en especial contra el Banco de España, el supervisor encargado, en teoría, de evitar y alertar de los desequilibrios excesivos en las entidades financieras españolas.

En un informe al que ha tenido acceso este diario (ver documento adjunto) remitido al Gobierno en marzo de 2013 y en poder del juez Fernando Andreu (que instruye en la Audiencia Nacional el caso de la salida a Bolsa de Bankia), los auditores públicos analizan detalladamente la labor llevada a cabo por los antiguos gestores (principalmente en la era de Miguel Blesa, aunque también durante el mandato de Rodrigo Rato) y concluyen que "podría calificarse, cuanto menos de imprudentes y de incompetentes, al no reaccionar con mayor celeridad, ante el empeoramiento progresivo del mercado, y no haber sabido, querido o podido tomar otras alternativas ante la crisis por todos anunciada, pero cuya magnitud puede que les haya sobrepasado".

Los interventores adscritos al Ministerio de Hacienda acusan sin matices a las antiguas cúpulas directivas de BFA-Bankia. "Sin perjuicio de la crisis inmobiliaria, la actuación de los gestores y las políticas seguidas a partir de 2004 son las que han originado que la situación de esta entidad sea mucho peor que la de otras entidades financieras similares a las que, evidentemente, también afectó la crisis", concluyen en la IGAE.

Entre las malas prácticas detectadas en su momento por la inspección del Banco de España en Caja Madrid, y constatadas por los interventores, se señala un retraso de más de dos años en la implantación de la normativa interna para controlar los riesgos (de 2006 a 2008) y un sistema de incentivos de la red comercial "agresivo" y basado solo en el crecimiento del volumen de negocio. La propia entidad, además, se saltaba sus propios sistemas de seguridad, ya que según el informe de la visita de inspección de 31 de marzo de 2009, la Dirección de Negocios "forzaba" operaciones de crédito que previamente habían sido denegadas por el departamento de riesgos.

Los interventores constatan en su informe que el Banco de España ya era consciente en 2006 de los primeros indicios de una crisis en las entidades que posteriormente formaron BFA-Bankia. El crédito concedido por Caja Madrid crecía muy por encima de la media del sector, pero a costa de un "riesgo alto de la cartera de hipotecas". Y es que cerca de la mitad de las operaciones aprobadas por la caja eran créditos hipotecarios con importes por encima del 80% del valor de tasación y concentrado sobre todo en clientes extranjeros, "con rentas más ajustadas e inestables en el tiempo".

La entidad, que entonces estaba gestionada entorno al presidente ejecutivo (Miguel Blesa) y apoyado por los directores generales, no cumplía, según el IGAE, buena parte de las recomendaciones y requerimientos fijados por el Banco de España, tal como la propia inspección hizo saber en 2006, 2009 y 2010: Falta de independencia de los organismos encargados de tasar los activos inmobliariarios, ausencia de un consejero delegado que hiciera de contrapeso al presidente, incorrecta contabilización de las operaciones crediticias...

Si el supervisor bancario era consciente de los problemas, ¿Por qué no puso remedio? Es precisamente esta ausencia de medidas contundentes por parte de la institución gobernada, consecutivamente, por Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el principal motivo de crítica por parte de la Intervención.

A pesar de que era perfectamente consciente del progresivo deterioro de la situación de Caja Madrid y otras entidades (que acabaron nacionalizadas), el Banco de España no hizo un seguimiento más continuo de esta caja considerada sistémica, según denuncian los auditores dependientes de Hacienda. Tampoco consideró necesario actuar más allá de las meras recomendaciones, a pesar de los retrasos en su aplicación, o de los incumplimientos flagrantes relativos a la independencia de los tasadores, por ejemplo.

"Los incumplimientos normativos puestos de manifiesto en los informes de la inspección podrían haber dado lugar a la iniciación de algún expediente por el Banco de España", concluyen los auditores del Estado, que además señalan a la Ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito como herramienta eficaz para obligar a un banco o una caja a tomar ciertas medidas.

Lejos de imponer sanciones, la cúpula del Banco de España obvió las duras recomendaciones. "Se observa que las conclusiones iniciales de los inspectores se van resumiendo y suavizando hasta concluir en un escrito (...) que a veces no parece reflejar con toda su crudeza los problemas que debe solucionar la entidad", señala la Intervención.

Ante la negativa inicial a sancionar o intervenir en Caja Madrid, el supervisor, gobernado ya por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, optó por los llamados Sistemas Institucionales de Protección (los llamados SIP). Es decir, las fusiones frías de entidades en problemas. El argumento detrás de estas operaciones era la creación de sinergias que permitirían ahorros de costes y aumentos de las rentabilidad. En la práctica, convirtieron una entidad grande y con problemas en el mayor rescate financiero de la historia española.

El informe de la Intervención del Estado viene a completar un proceso que desde hace meses busca depurar, al menos en apariencia, las responsabilidades relacionadas con el escándalo de Bankia. Así, paralelo a la vía judicial abierta en la Audiencia Nacional por UPyD y el movimiento 15MpaRato, se han sucedido expedientes como el del Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC) que acusa a la auditora de BFA-Bankia, Deloitte, de un presunto conflicto de interés.

Dentro de las propias entidades nacionalizadas se han abierto también investigaciones para detectar posibles delitos. Tal como anunció el portavoz del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario, Antonio Carrascosa, el pasado mes de abril, se han desarrollado protocolos de actuación en todas las entidades con participación pública con el fin de encontrar posibles causas penales en operaciones emprendidas durante los últimos cinco ejercicios.