El Partido Popular de Huelva ha exigido este sábado al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE, Ignacio Caraballo, que aclare la participación de la Diputación de Huelva en la compra, por parte del Ayuntamiento de Almonte, del campo de golf de Matalascañas por la que el exalcalde Francisco Bella y otros miembros socialistas han sido imputados.

En un comunicado, el portavoz del PP en la Diputación y secretario general del PP de Huelva, Guillermo García Longoria, ha señalado que "el auto judicial es claro y conciso porque afirma que los imputados se habrían valido de su condición de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Almonte para adoptar una decisión arbitraria comprando una empresa deficitaria, entregando a cambio bienes inmuebles y una cantidad dineraria que en su valoración superaba con mucho el valor real de la entidad adquirida".

En esta operación, según ha subrayado el dirigente popular, "parece que también estuvo implicada la Diputación, a cuyos servicios técnicos se les encargó una tasación de los terrenos que, según la tasación encargada por el juzgado que investiga los hechos, excede en mucho el valor real del suelo".

En este sentido, el popular ha explicado que esta tasación realizada por la Diputación cifraba en 7.517.647 euros los terrenos, "cuando antes los técnicos municipales del Ayuntamiento los habían valorado en 2.914.710 euros, y los empresarios dueños de los mismos, en 10.846.000 euros". "La tasación judicial, en cambio, establece un precio real de 3.176.079 euros, por lo que la Diputación excedió en más de cuatro millones el precio del suelo valorado", añade.

García Longoria ha añadido que, "a la vista de los acontecimientos, el PSOE tiene que dar muchas explicaciones puesto que varios de sus cargos serán procesados".

Y es que en el auto judicial, ha puntualizado el popular, el juez advierte que, además, "no se siguió la tramitación administrativa prevista por la legislación y a sabiendas de ello". "Esta actuación le habría generado al resto de imputados, es decir a los vendedores, un beneficio económico, resultando perjudicado el ente público, es decir, el Ayuntamiento".

Por último, el PP recuerda que también "el auto describe que existe una ausencia total de los requisitos de los procedimientos legalmente previstos para la conclusión de este tipo de contratos".